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Los consejos reguladores de España, Francia, Portugal e Italia han remitido a la Comisión Europea (CE) un informe jurídico externo que advierte de que el planteamiento del Ejecutivo comunitario de liberalizar las plantaciones de viñedo conllevaría la "superproducción y la dilución del valor de los vinos con denominación de origen", precisamente los objetivos contrarios a la reforma de la OCM del Vino. El informe, elaborado por el gabinete de abogados de Bruselas OŽConnor a petición de las propias zonas tradicionales europeas, cuestiona el planteamiento de la CE tanto en el fondo como en la forma al asegurar que sería "ilegal" que el control de la producción a través de la superficie delimitada recayera en las denominaciones de origen.

En este sentido, la Comisión, al defender la liberalización de plantaciones, sostiene que las denominaciones de origen podrían controlar las producciones mediante una nueva demarcación del área de producción (más reducida se supone) y cambiando las reglas de producción por hectárea. Sin embargo, el estudio jurídico deja constancia de que los consejos reguladores tienen una vocación "puramente cualitativa" y que "no se concibieron para limitar superficies establecidas en las zonas delimitadas". De hecho, señala que "los sistemas de dirección en la producción operados por individuos privados o grupos de una denominación o una indicación geográfica violarían las reglas de la competencia, por lo que deberían ser fijados por los estados miembros".

Éste es uno de los aspectos fundamentales tratados ayer en la jornada sobre la nueva OCM organizada por la Universidad de La Rioja (UR) y en la que participaron representantes de las administraciones y del sector productor y elaborador nacional.

En plenas negociaciones entre los Veintisiete, parece claro que la Comisión no renuncia a la liberalización de plantaciones a partir del 2013, si bien admitiría que las denominaciones de origen pudieran controlar su potencial con un sistema diferente al actual de derechos. El problema es que aún no hay sobre la mesa ninguna propuesta escrita sobre cuál sería el sistema alternativo a los derechos, máxime cuando los propios consejos reguladores ponen en duda su capacidad jurídica para controlar la producción si no hay un método de gestión del potencial del que se responsabilicen instituciones públicas como los estados miembros o las autonomías.

Emilio Barco, profesor de Economía Aplicada de la UR y coordinador de la jornada celebrada en la UR, señala que "hay varias cosas ya cerradas, pero aún está pendiente la liberalización, los etiquetados y el reparto de los sobres nacionales". Barco deja claro en su intervención que "la desaparición de los derechos traería consecuencias más negativas que positivas".