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Un total de 1.046 viviendas correspondientes a doce concursos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) han sido declaradas ilegales por los tribunales tras el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), por convocarse a la vez el concurso de proyecto y de obra de estas viviendas.

"Esta convocatoria es una práctica bastante común en muchas Administraciones, pero sólo se pueden unir estas adjudicaciones en casos muy concretos", explicó el decano del COAM, Ricardo Aroca, que destacó que "es la primera vez que se llega a los tribunales por este tipo de actuación, aunque ha habido otras y hemos protestado también".

Según afirmó, "en estos concursos entre constructoras éstas eligen al arquitecto con dos criterios: las buenas relaciones con las Administraciones y, la más frecuente, que sea obediente, lo que hace que estén controladas las obras por quién las paga, no por él". "Los primeros perjudicados de estas actuaciones son los usuarios, y después la propia arquitectura", añadió el vicedecano, Bernardo Ynzenga.

El Colegio de Arquitectos, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la mano, propuso ayer al Gobierno regional una solución: que no recurran la decisión judicial ante el Tribunal Supremo (TS), y que se comprometan públicamente ("la presidenta", dijo Aroca) a no volver a convocar un concurso simultáneo de proyecto y de obra "tal y como dicen en privado". De cumplir estas dos condiciones, el Colegio se comprometía a no pedir la ejecución temporal de la sentencia para que así la Comunidad pudiera "legalizar" estas 1.046 viviendas. La Comunidad contestó con un "no" rotundo.

"La sentencia no es firme y será recurrida", afirmaron fuentes regionales, remarcando que "ese procedimiento de proyecto y obra se utilizó de forma coyuntural, pero el Ivima ya no lo utiliza, por lo que el Colegio sabe que el problema está resuelto". La Comunidad cree que el COAM no pedirá la ejecución de la sentencia -"ya lo hubiera hecho cuando recurrió"- y afirma que el TSJM pone en duda el procedimiento para la construcción de estas promociones, pero "en ningún caso la legalidad urbanística".

Por ello, confían en que no tendrá "ninguna consecuencia ni para las viviendas ni para los inquilinos". Si recurre la Comunidad y el Supremo nos da la razón, en 5 o 6 años quizá las tengan que demoler", advierte el decano de los arquitectos, molesto de que el Gobierno regional "opere a favor de saltarse la Ley por la lentitud de la Justicia".