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El Gobierno regional anunció ayer que ultima un plan para reforzar la acción de los agentes forestales en el ámbito de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria que tiene más de 20 kilómetros repletos de construcciones ilegales, con graves problemas de orden público y urbanístico. Con el plan, según el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, se tratará de evitar "nuevos asentamientos".

Su labor, según González, estará limitada a la que delimitan las competencias de la ley de vías pecuarias regionales, es decir, la "protección y salvaguarda" de la cañada desde el estricto punto de vista medioambiental. Horas más tarde del anuncio, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, apuntalaba el plan en la Asamblea, al asegurar que son los ayuntamientos los únicos competentes en cuestiones urbanísticas en la zona. "Tengan en cuenta -dijo la presidenta regional- que la mayoría de las calles de Madrid, como la Castellana o la de Alcalá, son vías pecuarias y no se ocupa de ellas la Consejería de Economía porque no puede hacerlo". Aguirre destacó que el Ejecutivo autonómico es consciente de que la Cañada supone "un grave problema" por lo que no hay que "regatear" para buscar soluciones a los conflictos y apoyar a las administraciones.

El plan, según el vicepresidente, nace con la intención de "colaborar" con el resto de las instituciones con competencias en la Cañada, es decir, los ayuntamientos -principalmente el de Madrid- y la Delegación del Gobierno, para que "esta situación no siga desbordándose o creciendo como se ha producido a lo largo de los últimos cuarenta años". Para el vicepresidente primero "es una actuación más que vamos a sumar a otras de los ayuntamientos y de la Delegación del Gobierno, que son quienes tienen más capacidad, incluso legal, para actuar en los problemas de la Cañada, que son de disciplina urbanística y orden público, fundamentalmente".

La decisión del Ejecutivo regional se produce dos días después de que el Gobierno central presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Comunidad de Madrid, al considerar que su articulado limita las funciones de los agentes forestales y les impide acceder a las superficies forestales privadas sin orden judicial.