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El Ministerio del Interior, del que depende la seguridad en la región, ha querido evitar cualquier tipo de responsabilidad después de los conflictos que se vivieron este fin de semana en torno a la plaza de Tirso de Molina, y la ha cargado contra la Junta Electoral de Centro.

Así lo explicó la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, para quien el acto del viernes fue "en sí mismo una provocación". También recordó que fueron los responsables de este organismo administrativo -formado por magistrados y catedráticos de Derecho, y dependiente de la Junta Electoral Central- quienes autorizaron la concentración de dos grupos de ultraderecha (Nación y Revolución, y Combat) en Tirso de Molina cuando una marcha ilegal de antifascistas reventó el acto. "No es normal que se autorice este tipo de actos, delante de la sede de la CNT", señalaban portavoces de la Delegación.

Con sus declaraciones, Mestre se desentiende de este problema, porque estima que es la Junta Electoral a quien le compete autorizar o prohibir manifestaciones o concentraciones en la campaña. Durante las próximas jornadas, y hasta el domingo día 9, el Ministerio del Interior se quita del camino y carga cualquier tipo de responsabilidad sobre este organismo, cuya función durante estas dos semanas depende de la Junta Electoral de Centro.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que, efectivamente, es la Junta Electoral quien debe autorizar las manifestaciones que se realicen durante la campaña, para evitar que estas convocatorias se conviertan en mítines electorales encubiertos.

Sin embargo, la LOREG también establece, en su artículo 54.2, que "se mantienen las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público"; y en su artículo 21, recuerda que "los acuerdos de las Juntas de Zona son recurribles ante la Junta de superior categoría". Es decir, que ofrece a los responsables de seguridad -en este caso, la Delegación del Gobierno- la facultad de proponer alternativas a los lugares de concentración, debido a la experiencia de este tipo de organismos en la materia.

Sin embargo, la delegada del Gobierno sí se ha referido a las cifras de delincuencia en la región. Mestre ha indicado que "el dato que reiteran sectores cercanos al PP sobre que la delincuencia en la comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha aumentado un 49,55 por ciento con respecto al de 2007 es radicalmente falso".