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Los alcaldes de la zona de afección de la M-501, la carretera de Los Pantanos, no están dispuestos a rendirse y siguen luchando para que se terminen las obras de duplicación de la actual calzada e incluso para que se prolonguen hasta San Martín de Valdeiglesias.

Ayer, 23 ediles de municipios de Madrid, Ávila y Toledo, se dieron cita frente a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid como medida de presión frente a la decisión que debe tomar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a petición de la citada Comisión. Los alcaldes apoyan las obras como eje que enlaza los valles del Alberche y Tiétar, al tiempo que consideran que su paralización, tal y como se encuentran actualmente, supondría elevar más el riesgo de accidentes de circulación.

Tras la entrega de una carta en la que exponen sus peticiones al comisario europeo, y tras un pequeño enfrentamiento verbal con un grupo ecologista, se mostraron "muy sorprendidos y molestos con la Comisión por haber roto de forma unilateral y sin ninguna explicación el acuerdo que mantenían con la Comunidad y que se estaba cumpliendo escrupulosamente". Todo ello, según dijeron, por atender a presiones que se han convertido en una batalla política, en lugar de atender a las necesidades de 57 pueblos de tres comunidades autónomas, con un total de 50.000 vecinos. En realidad, las últimas sentencias judiciales o actuaciones en Europa no han ido precisamente a favor de la Comunidad.

Para empezar, el 28 de mayo se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que pidió la "inmediata paralización" de obras, aunque para llevarla a efecto impuso un pago como fianza de casi medio millón de euros a Ecologistas en Acción. Por el momento, no los han entregado. Esta sentencia, que demostraba que las obras seguían su curso al ritmo habitual, llevó a la Comisión Europea a replantearse el acuerdo que había alcanzado con la Comunidad para frenar el expediente si se hacía a posteriori una declaración de impacto ambiental. Así, tomaron la decisión de trasladar el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para que determinase si había incumplido la legislación europea.

La reacción de los alcaldes pasó de la manifestación a la acción. Nueve de ellos presentaron un recurso judicial ante la sentencia de TSJM. Después se trasladaron hasta Estrasburgo para entregar, ante la Comisión de Peticiones un escrito, avalado por 15.600 firmas, para apoyar la continuidad de las obras.