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La estación de Cercanías de Alonso Martínez se ha convertido en el "patito feo" del segundo "túnel de la risa" que, como anunció la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se pondrá en servicio la segunda semana de julio. Alonso Martínez, que solucionaría la conexión de las líneas 4 y 5 de Metro con la red ferroviaria en pleno centro, sigue en el aire.

Lo único que falta es una decisión política que dé continuidad a un proyecto que fue acordado de forma verbal, con la colaboración del Ministerio, la Comunidad y el Ayuntamiento, y que no se plasmó en el papel al no acudir a la firma de su protocolo la presidenta regional por considerar que no se especificaban las cantidades exactas del coste del proyecto.

De eso hace ya más de dos años y los posibles viajeros beneficiados, muchos miles cada día, siguen sin saber cuándo contarán con ese servicio. Los contactos entre representantes de ambas administraciones (Ministerio y Metro, dependiente de la Comunidad) se han mantenido para diseñar un proyecto que ya tienen avanzado.

"El diseño de la estación de Cercanías de Alonso Martínez -dijo Luis de Santiago, director general de Ferrocarriles- lleva dos partes diferenciadas. Una de ellas son los andenes, donde pararán los trenes, cuyas obras nos corresponden a nosotros. La otra, la zona de intercambio y acceso, que obliga a remodelar las conexiones de Metro, ahora no muy buenas".

"Esta claro -añadió Luis de Santiago- que estamos ante algo común y que es necesario realizar el proyecto de forma conjunta. Además, es necesario hacer el proyecto para poder conocer el coste real de la obra".

El coste económico aproximado no sirvió, ya que se había dado a conocer con anterioridad, en junio de 2004, cuando se público en el Boletín Oficial del Estado la adjudicación del contrato para redactar el proyecto y se cifró en 72 millones. En ese momento, la consejera de Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, aseguró que ese dinero correspondía a un túnel en mina, pero que había otra oferta a cielo abierto y querían que se concretara.

En el trasfondo puede estar la distribución del pago que acordó, de forma verbal, Alberto Ruiz-Gallardón cuando, debido al "tamayazo", tuvo la condición de presidente regional y alcalde al mismo tiempo: Fomento pagaría el 50 por ciento, la Comunidad el 35 y el Ayuntamiento el 15 restante. La única que, de momento, ha dicho en público que mantiene el compromiso es la ministra.