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Tras de once años de llevar el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción, y 16 desde que se originara, el juicio sobre la supuesta venta irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios a Funespaña por cien pesetas, quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial.

Después de seis meses de sesiones, el fiscal pide para los tres ex concejales del PP, Luis María Huete, Simón Viñals y Antonio Moreno, penas de cuatro años y diez meses para cada uno de ellos. También están imputados José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña, la empresa que compró en 1992 el 49 por ciento funeraria, así como su entonces presidente José Ignacio Rodrigo.

En el turno de última palabra, y tras seis meses de sesiones, Huete proclamó su "honradez" personal y profesional en sus casi 80 años de vida y 50 como profesional en distintos cargos, entre ellos el de concejal y senador del PP.

En el mismo sentido se expresó Viñals, quien reivindicó su inocencia al afirmar que no ha tenido jamás constancia de cometer delito alguno, y que nunca se había enriquecido a costa de los cargos desempeñados, mientras que Moreno indicó que cree en la Justicia y en su inocencia.

En sus conclusiones finales tanto la Fiscalía Anticorrupción, como la acusación particular ejercida por IU y el PSOE, solicitaron para los tres ex concejales penas que rondan entre los tres y cuatro años y medio por, entre otros, prevaricación y malversación de caudales públicos, además de inhabilitación para cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, entre otros. Mientras, para los hermanos Valdivia y Rodrigo, la Fiscalía solicitó penas que ascienden a unos 14 años por delitos fiscales, malversación y maquinación para alterar el precio de las cosas, entre otros. En el caso de Rodrigo, a esos 14 años hay que sumar otros tres más por delito de falsedad.

El abogado del PSOE, José Mariano Benítez de Lugo, defendió, al término de la sesión, que los políticos son los grandes responsables porque el oficio de todo empresario es ganar dinero y el problema es que los primeros "les dejaran ganar ese dinero a espaldas de los intereses de los ciudadanos".

En su opinión, a lo largo del juicio ha quedado acreditado que hubo hundimiento premeditado de la funeraria para venderla a precio de saldo, porque Funespaña pagó solo 100 pesetas por el 49 por ciento, aunque luego hubo una ampliación de capital de 200 millones.

Para Juan Francisco Pla, abogado de IU, lo importante es que se restablezca la verdad y que se restituya el dinero al Ayuntamiento, que cifró en algo más de 7.000 millones de pesetas. Subrayó que si hay condena habrá recurso de casación, lo que supondrá esperar varios años, e indicó que Funespaña tiene bienes suficientes para responder sobradamente.