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El Gobierno municipal anunció el pasado mes de octubre que había cambiado la ordenanza fiscal para poder cobrar una tasa por los vehículos que se encontraban en depósitos municipales por mandato judicial o precintos. La tasa está vigente desde el 1 de enero, y el Ayuntamiento va a pasar al cobro en breve ese primer mes, lo que supondrá 1,7 millones de euros.

En total, en los depósitos municipales de la grúa existen en la actualidad 3.033 vehículos depositados por orden judicial o por embargos. Algunos de ellos proceden de comunidades autónomas diferentes a la madrileña -"nos han llegado a mandar alguno diciéndonos que como aquí es gratis y ellos no tienen sitio...", explican en la Dirección de Tributos-, y hay varios vehículos que llevan allí desde 1989.

El Gobierno municipal está preocupado por esta acumulación: no pueden deshacerse legalmente de ellos, y ocupan mucho espacio en los depósitos -que no puede destinarse a otros vehículos retirados en la vía pública- y además hay que tenerlos vigilados, lo que le cuesta dinero al Consistorio.

De ahí que el área de Hacienda del Ayuntamiento, que dirige el concejal Juan Bravo, pusieran en práctica la medida de incluir una tasa para cobrar a las administraciones de las que dependan estos vehículos por su estancia en los depósitos municipales. Esto se lo comunicaron por carta a finales de 2007 a los juzgados, la Tesorería de la Seguridad Social y la consejería de Justicia de la Comunidad, de quienes dependen el 90 por ciento de los coches que están almacenados.

Pero la medida, de momento, no ha dado muchos resultados: en el mes de enero, reconocieron fuentes de la Dirección General de Tributos del Ayuntamiento, a los vehículos que ya estaban depositados por orden judicial, embargo o precinto, se les unieron otros 39. A 31 de enero, continuaban allí 34 de estas nuevas incorporaciones. Pagar la tasa por ese mes de estancia les supondrá a éstos vehículos 21.000 euros. Y al conjunto de los 3.033 que permanecían, a 31 de enero, en las bases municipales, se les facturará en breve por un importe total de 1,7 millones de euros.

Una de las primeras administraciones en recibir la factura municipal será la Comunidad de Madrid. Las cartas enviadas a esta institución informándoles del cambio normativo que permite al Ayuntamiento cobrar una tasa por el depósito de vehículos por orden judicial fue contestada desde el Gobierno regional con una carta en la que se recordaba que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, era posible que cada tribunal tuviera que fijar las retribuciones a abonar por cada uno de los vehículos almacenados, lo que supondría -temen en el Ayuntamiento- entrar en una maraña burocrática que retrasaría el cobro y no les permitiría cumplir su objetivo prioritario de liberar espacio.

De ahí que en el Ayuntamiento estén dándole vueltas a otras posibilidades para liberar espacio y deshacerse de los vehículos que llevan más tiempo.

Así, al igual que la normativa de movilidad permite considerar como abandonado un vehículo que lleve más de dos meses en la vía pública, los servicios jurídicos municipales podrían llevar a los juzgados a cada uno de estos vehículos depositados en las bases municipales por orden judicial y, si avisada por carta en dos ocasiones, la administración de quien dependan no responde en dos meses, se darán por abandonados y se achatarrarán.