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El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley con dos argumentos principales, uno urbanístico y otro de seguridad.

El primero, instar al Gobierno regional a que pida a los ayuntamientos con competencias en la Cañada Real Galiana (Madrid, Rivas, Getafe, San Fernando de Henares y Coslada, principalmente) que ejerzan "las funciones de disciplina urbanística que les correspondan evitando asentamientos ilegales y lleven a cabo el desalojo de los que procedan".

El segundo, exigir al Gobierno central un plan de seguridad y mantenimiento del orden público.

La iniciativa también pide que se continúe con el desarrollo de medidas que permitan "la custodia y conservación" de la Cañada Real Galiana a través de las labores de vigilancia y custodia que ejercen los agentes forestales.

Asimismo, recuerda al Gobierno central que en la Cañada Real se han desarrollado numerosas construcciones ilegales situadas en suelos no urbanizables.

Para el PP, agentes forestales y Policía son competentes, de acuerdo a la Ley de Vías Pecuarias, para las funciones urbanísticas y de seguridad que precisa la Cañada.