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Más de la mitad de las piscinas municipales de Madrid permanecieron cerradas ayer por la disputa que mantienen los sindicatos con el Ayuntamiento en contra de la privatización de las instalaciones deportivas. Madrid a 33 grados, los niños sin colegio y sin agua donde remojarse.

Pero el mensaje contra las privatizaciones, el mismo que recorre todas las protestas en los servicios públicos madrileños, estaba amplificado por la inseguridad de los trabajadores, que cada vez soportan más agresiones, físicas y verbales.

Por ejemplo, un joven de 16 años golpeó a finales de junio a dos operarias del polideportivo de Plata y Castañar (Villaverde), el centro más conflictivo. Otro empleado recibió un cabezazo poco tiempo después.

Paradójicamente, este año está siendo tranquilo, comentaba un día antes de la huelga la encargada. En el mismo centro deportivo, un trabajador se lamenta de que "la seguridad privada no impone respeto". Así, el hachís pasa por la puerta y, legalmente, el alcohol se vende en la terraza. "Un chaval amenazó con cortarme el cuello", afirma una niña. "Ya los conocemos y, si no te metes con ellos, no te hacen nada", aseguran unos chicos, como si la violencia no fuese con ellos.

Escenas cotidianas, como mujeres gitanas que se bañan con ropa de calle. "Se creen que la piscina es suya", sentencia una joven. Pero, al menos, en este punto hay novedades, aunque sólo en Villaverde: un trabajador social gitano, un mediador. "No es lo mismo que te regañe él, que sabe cómo trata con nosotros, que nos lo diga un payo", explica un joven gitano, para quien uno de los problemas es que con la Policía "no se puede disfrutar". Mientras, un trabajador asegura que "con la pareja de municipales se está más tranquilo". En el resto de Madrid sólo existen patrullas esporádicas.

Los empleados de Plata y Castañar cerraron ayer y colgaron su pancarta "Por la seguridad. No a las privatizaciones". La petición de seguridad se unió a la manifestación contra la gestión privada. En la propuesta del Ayuntamiento de un nuevo convenio no habrá despidos, pero tampoco más plazas fijas. Las próximas instalaciones, once, las administrarán empresas privadas.