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Concretamente, los okupas se dirigieron en la misiva a las dueñas del inmueble, la empresa Inversiones Paduana S.A, administrada por la hija del ex teniente de Marbella, María Pilar Román, imputada en el Caso Malaya; y a AMACU S.L., administrada por Javier Pérez Villena, hijo de otro imputado como presunto testaferro de Roca en el mismo caso.

El inmueble fue ocupado por una veintena de colectivos el pasado 27 de marzo con la intención de abrir un centro social para el barrio y los movimientos sociales. La pasada semana recibieron una orden de desalojo, a la que respondieron mostrando su resistencia a irse.

"María Pilar, nos parecemos más de lo que crees. Nosotros tampoco creemos en esta Justicia, y como tú actuamos al margen de ella. A nosotros también nos acusan por luchar por lo que creemos. Nosotros, como tú, también hacemos muchas 'actividades' en espacios vacíos pero exceptuando lo de especular que, por cierto, ¡lo bien que se te da! Sabemos que también crees en el trabajo voluntario, y que con cinco trabajadores sacas adelante cinco grandes empresas", señalaba la carta de los okupas.

No obstante, reconocieron que mientras ellos intentan cambiar el mundo sin cambiar el territorio, la dueña del edificio "intenta cambiar el territorio para que nada cambie". "Además gastamos nuestro tiempo libre en dar vida a un edificio y ofrecérselo al barrio, mientras tú cobras por matarlo y ofrecérselo a las ratas", agregaron.

Por último, acusaron a Roca de ser "una pieza más del engranaje" y le preguntaron si sería más feliz al recuperar el inmueble. "Pero no te preocupes, porque esto no es un adiós, sino un 'hasta luego'", concluyeron.