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Los jueces están hartos. De la sobrecarga de trabajo, de la falta de medios humanos y materiales y del obsoleto funcionamiento de la administración de Justicia, que precisa reformas legislativas y más juzgados para acabar con el atasco que sufren los tribunales madrileños y, en consecuencia, los ciudadanos. Así lo acordaron ayer los magistrados en la reunión que mantuvieron en la Audiencia Provincial de Madrid. Los últimos episodios que han sacudido a la opinión pública - doble crimen de Guadalajara y "caso Mariluz"- les han puesto en el ojo de huracán.

De ahí que ayer, la Junta General de Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), adoptara un acuerdo de cinco puntos en el que exigen "urgentes medidas" para hacer frente a la situación que padecen. Lanzan sus dardos hacia el Gobierno central, Ministerio de Justicia, Comunidad de Madrid y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A éste último le piden que delimite la carga máxima de trabajo que puede asumir cada juzgado para ofrecer con garantías una justicia de calidad y que cumplido el tope establecido, no se repartan más asuntos hasta que no se creen nuevos órganos judiciales. Dicha decisión corresponde al Ejecutivo central, al que le piden que ponga en marcha de inmediato el número necesario de juzgados para combatir los retrasos existentes en una región que asume el 25 por ciento de los asuntos judiciales que se tramitan en España.

Tras subrayar que asumen "las responsabilidades" que les corresponden en función de sus competencias, indicaron que no se les puede imputar directamente las deficiencias del sistema a consecuencia de las acciones u omisiones del personal del juzgado (forenses, psicólogos...), precariedad de medios, la sobrecarga de asuntos o cualquier otra causa no atribuible a su labor profesional.

Sus reivindicaciones no se quedan ahí. A su queja de que los tribunales cuentan con unas oficinas judiciales "arcaicas" a las que se adscriben interinos sin preparación ni experiencia, lo que contribuye a agravar el "colapso total de los juzgados", añaden la necesidad de mayor control en su acceso que garantice su formación, junto a un sistema informático único en todo el país.

Por último, reclamaron que se implante la nueva oficina judicial, en donde se delimiten las funciones y responsabilidades de cada uno de sus integrantes, y en la que los secretarios judiciales asuman las funciones que les correspondan para que los jueces se limiten a dictar sentencias.