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El caso «Coslada» sigue dando de sí. Ahora le toca al mundo de la judicatura. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estudiaba la posibilidad de investigar si dos jueces, Carlos Nogales y Adolfo Carretero, podrían haber incurrido en algún tipo de irregularidad. El TSJM se basaba en las escuchas telefónicas en las que el ex oficial jefe de la Policía Local de Coslada abordaba ciertos asuntos con ambos magistrados.

Pues bien, ayer, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM se reunió a las dos de la tarde para decidir qué hacer. Y no tardaron en tomar una resolución: se abren diligencias de carácter penal contra los mencionados jueces por un presunto delito de coacciones. Se trata de un paso previo a la apertura de un procedimiento judicial.

Eso sí, Nogales y Carretero no están imputados por ningún delito. Lo que ha hecho la Sala es que, al tratarse de dos aforados, no pueden ser juzgados por otro juez -es decir, que no puede encargarse del asunto el instructor del caso «Coslada», Eduardo Cruz Torres-, sino que es el TSJM quien ha nombrado, en este caso por turno, a otro instructor: el magistrado José Manuel Suárez Robledano, para que estudie el caso y vea si hay razones para imputar a Nogales y Carretero.

El primero de ellos es sustituto del Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada. En cuanto a Adolfo Carretero, ejerció como titular en el mismo juzgado hasta hace ocho años. Ahora trabaja en Fuenlabrada.

El TSJM explicó ayer en un comunicado posterior a la reunión que la intención del procedimiento es «investigar y esclarecer los hechos derivados de las conversaciones telefónicas en las que podrían haber participado» ambos jueces. La Fiscalía -precisó el TSJM- es también parte «como en cualquier otro procedimiento». En la reunión participaron el presidente del TSJM, Javier María Casas, y dos magistrados.

Los pasos siguientes, previsiblemente, serán que el magistrado designado se hará cargo de las pruebas que puedan existir y llamará a declarar a ambos instructores. Luego, decidirá si continúa la investigación penal o si manda el procedimiento al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) ante una posible sanción disciplinaria.

El llamado caso «Coslada» estalló el pasado 8 de mayo, con la detención de más de una veintena de agentes de la Policía Local, incluido su responsable, Ginés Jiménez. De ellos, 13 continúan en prisión.

Se supo entonces que había un grupo de supuestos policías corruptos que conformaban el llamado «Bloque», dedicado presuntamente a la extorsión de prostitutas, tráfico de drogas, coacciones y asociación ilícita, según se desprende del sumario.

Ginés Jiménez no está acusado de asociación ilícita ni de delitos relacionados con la prostitución, pues parece que no tenía una participación en la estructura de «El Bloque».