Noticias Ya.com

No es el primer apagón que se produce en el local del número 22 de la calle Reina Mercedes, de propiedad privada y al que el Gobierno regional paga un alquiler. Según la FAPA, las instrucciones a Unión Fenosa para que interrumpa el suministro eléctrico parten de la Consejería de Educación, a pesar de estar denunciada ante los juzgados por un posible delito de coacciones con motivo del primer corte de luz.

En un comunicado, la FAPA tachó de "inaceptable" la nueva actuación del departamento de Lucía Figar, encaminada a "echarles para callarles". Por ello, emplazaron al Gobierno de Esperanza Aguirre a "volver a legalidad vigente" y al "marco democrático" después de que el pasado 26 de agosto, Educación comunicase a la Federación que el 3 de septiembre debía abandonar el local para recortar gastos.

"Nada le importa a la Consejería de Educación saltarse la Ley para perseguir a una organización crítica con su gestión. Ahora ordena nuevamente quitar la luz a un local del que no es propietario y no paga las facturas, pero esta vez ha ido más lejos, pues el contrato ya no estaba a su nombre sino al de la FAPA", recriminó la Federación.

A su juicio, el comportamiento del Gobierno regional demuestra que el desahucio "no tiene nada que ver con irregularidades o con planes de austeridad". "Se debe a una persecución contra quien discrepa y un claro abuso de poder que tendrá la respuesta legal adecuada", aseveró.

Según los padres, esta nueva actuación pretende ahora entorpecer la mudanza de la sede de la FAPA. "No cejará en su empeño de intentar callarnos dificultando nuestras actividades normales, pero no lo conseguirá. La FAPA es mucho más que cuatro paredes y un contrato de luz. La FAPA es la voz de 800 APAS en la Comunidad de Madrid y ninguna permanecerá impasible", advirtió.