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La Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) dio hoy por resueltas sus dudas sobre qué deben hacer sus colegios de la Comunidad de Madrid con los alumnos objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), tras recibir diversas explicaciones por parte del Gobierno regional.

Según explicó a Europa Press el secretario general de la FERE, Emilio Díaz, la pasada semana, a cinco días del comienzo del curso, aún desconocían los pasos a seguir con los alumnos que decidieran no cursar esta asignatura, y por tanto solicitaron a la Comunidad mayor claridad, algo que hicieron público en una rueda de prensa.

Como es habitual en estos casos, mandaron una circular a todos los centros inscritos en la Federación en la que se comentaba a los directores que ante la falta de información, intentarían establecer contacto con los responsables de la Consejería de Educación para "aclarar dudas y clarificar conceptos".

Así, entre el viernes y hoy, los responsables de la Federación se reunieron con la Consejería y pudieron aclarar estos conceptos y entender por qué en la carta de instrucciones que mandó la Comunidad todo era "tan escueto".

"Al principio consideramos que había una falta de claridad en el texto de la Administración que iba a provocar que a los directores de los centros les surgieran dudas", aseguró Díaz, quien explicó que las dudas se disiparon "algo" cuando llegó el pasado jueves la carta a todos los centros escolares con las instrucciones de la Comunidad.

En este sentido, apuntó que la primera reacción fue de "una cierta insatisfacción" porque esperaban una mayor concreción a la hora de saber cómo atender a los alumnos objetores. "Esperábamos más pues era una carta muy escueta, ni siquiera suponía un texto articulado", apostilló.

No obstante, al día siguiente se pusieron manos a la obra y, tras los contactos con la Administración, entendieron que el tema estaba así, "tan escueto", porque desde el punto de vista legal, a la espera de una sentencia firme del Tribunal Supremo, "lo más recomendable era esperar a dicha sentencia y no dictar una norma", agregó.

Así, según Díaz, desde la Consejería les informaron que el marco legal se mantiene intacto, pero dado que hay otras sentencias que reconocen el derecho de los objetores, la Administración también debe salvaguardar sus derechos.

"Ahora nos queda claro que a un alumno objetor se le va a poder atender con el profesor que en ese momento esté libre y que sea capaz de orientar en un contenido que tenga algo que ver con la asignatura y los conceptos de la Constitución", apostilló, al tiempo que señaló que, conociendo las instrucciones de la Comunidad (realizar tareas de voluntariado y realizar trabajos sobre la Constitución), los colegios se limitarán a atender a los alumnos "de la mejor manera posible".

No obstante, mientras no haya sentencia firme, aseguró que las explicaciones dadas por la Consejería siguen sin resolver el problema organizativo que van a tener los centros, sobre todo, al tener que enfrentarse, por ejemplo, con objeciones en bloque. "Es un engorro pero se puede resolver de una manera satisfactoria", consideró.

Ante esta situación, la consejera de Educación, Lucía Figar, que inauguró oficialmente hoy el curso escolar, indicó que la Comunidad facilitará toda la información y concretará y aclarará "cualquier consulta que surja en los colegios".

De hecho, apuntó que ya está el director de Becas y Ayudas de la Consejería, "que lleva la concertada y la privada", hablando personalmente con cada uno de los directores de los centros educativos de los cuales han recibido objeciones. "Lógicamente, aclararemos cualquier cuestión", concluyó.