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La Fiscalía Anticorrupción se ha quedado sola en su personación como acusación del llamado "caso Porto". El PSOE ha decidido no continuar con la causa y aparcar su acusación particular contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad. De momento, desde las filas socialistas se transmite el mensaje de que la decisión "no es definitiva", ya que no se descarta retomarla próximamente. Sobre los motivos que les han llevado a adoptar esta postura, silencio. Eso sí, apuntan que van a mantener las querellas individuales impuestas por Ruth Porta y Modesto Nolla.

Lo cierto es que este hecho ha dejado sola a Anticorrupción en el caso. El juzgado número 2 de Móstoles admitió en octubre una querella de la Fiscalía contra Enrique Porto por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

La decisión ha causado divisió de opiniones en el seno del PSM. Mientras la dirección actual intenta desmarcarse de la línea de actuación seguida por Simancas y su equipo, miembros del PSM consideran que se trata de un "error estratégico" que no aciertan a entender.

El fiscal pretendía probar que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid se sirvió de su cargo para tramitar un planeamiento de suelo en Villanueva de la Cañada que produjo un beneficio económico a su mujer.

Además de Porto, la querella también se dirigió contra el alcalde de dicho municipio, Luis Partida, los arquitectos José María Fernández del Río y Juana María Manrique, así como el ingeniero agrícola Luis Arrabal. El fiscal puso en conocimiento del juzgado presuntas irregularidades urbanísticas enmarcadas en la aprobación del proyecto del Plan Parcial Sector I Los Pocillos de Villanueva, que incluyó un monte declarado suelo protegido no urbanizable.

Enrique Porto dimitió el 3 de octubre de 2006, para -según dijo entonces- "defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", tras diversas acusaciones del Partido Socialista de Madrid (PSM), entre ellas, que había utilizado su cargo para dar un "pelotazo" urbanístico en Villanueva de la Cañada.

El fiscal sostiene que la aprobación de este plan, que contaba con informes técnicos en contra, produjo un beneficio económico millonario a su mujer y al arquitecto redactor del plan.