Noticias Ya.com

Diez años después de que se cerrara como centro penitenciario, la cárcel de Carabanchel ya tiene claro su futuro: en octubre comenzará su derribo, y no quedará ni rastro de lo que fue. La prisión que ha sido referente del franquismo dejará de existir, y sobre su suelo se levantará un hospital público, equipamientos y viviendas, parte de ellas protegidas.

Los terrenos de la cárcel ocupan más de 170.000 metros cuadrados. El protocolo de intenciones firmado ayer entre el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, destina 40.000 metros cuadrados a la construcción de un hospital público -suelo que ahora el Consistorio cederá mediante convenio a la Comunidad para que lo construya-, y otros 2.000 para un nuevo equipamiento municipal aún por determinar.

Se mantienen la comisaría y el centro de internamiento para extranjeros que funciona ahora en la zona, aunque con el compromiso de ceder también estos suelos al Ayuntamiento para dotaciones en caso de que en el futuro se reubiquen. Hay 88.097 metros cuadrados de edificabilidad, de los que 20.000 se destinarán a la construcción de dependencias de la Administración Penitenciaria.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que el protocolo varía sensiblemente los planteamientos iniciales para estos terrenos gracias a la «generosidad del Ministerio del Interior», que ha decidido «satisfacer las demandas de los ciudadanos» cediendo parte de los derechos que le concedía la norma -el Plan de Urbanismo-.

Esa «renuncia» ha reducido el número de viviendas que se van a construir -de 129.125 metros de edificabilidad permitida se pasa a 88.097- y además introduce un 30 por ciento de ellas con protección, cuando la normativa le permitía construirlas todas en precio libre.

El ministro Pérez Rubalcaba recordó los vínculos sentimentales que unían a los dos políticos con la cárcel. «El alcalde tuvo allí preso a su padre, y yo corrí varias veces delante del penal». Consideró el convenio «un buen acuerdo para los vecinos», y anunció que «habrá allí un monumento que recuerde a quienes allí pasaron malos momentos por defender lo de todos, la libertad».

El portavoz municipal del PSOE, David Lucas, presente en la firma, anunció que luchará para que el hospital sobre la cárcel se haga «lo antes posible» y «sea de gestión pública».

El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, celebró este «paso más» para la construcción de ese hospital, al que se comprometió el Ejecutivo de Aguirre.

IU no apoya el proyecto: su portavoz, Ángel Pérez, denunció: «En esta zona no hacen falta viviendas, sino más dotaciones públicas», pero «el Ministerio ha de sacar dinero para costear sus infraestructuras».