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La resaca de la operación "Molar" y sus consecuencias judiciales han dado lugar a los análisis sobre las imputaciones de los tres funcionarios públicos encausados. Fuentes jurídicas consultadas indicaron que el fiscal consideró que los dos guardias civiles acusados, Francisco Yepes Ricart y César Torollo Pérez, "se valían de su condición en algunos casos para obtener droga a un precio inferior al habitual". Es decir, que, debido a su cargo de guardias civiles, obtenían el estupefaciente a un precio más bajo del normal en el mercado. Los funcionarios están en libertad, aunque con cargos.

Sin embargo, no se les ha imputado el delito de cohecho. O sea, que no ha quedado probado que cobraran a cambio de esa "rebaja" en los estupefacientes. Es Yepes Ricart quien está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, un tipo legal que no incluye el cobro ni las dádivas, como recoge el Código Penal, sino el abandono de sus funciones. Es decir, que no trabajaba contra ciertos delitos -se entiende que de menudeo de droga en su demarcación-, pero no ha quedado probado que a cambio de dinero, sino por simple dejación. Ésa sería la diferencia, fundamentalmente, con si se le hubiera imputado por cohecho.

"Indiciariamente, puede haber un delito de cohecho, aunque no hay indicios concretos que hayan llevado a esta imputación", indicaron las mismas fuentes. En cuanto al tráfico de drogas, tampoco ha quedado constatado. "En principio, no se sabe si se les puede imputar ese delito; el único dato probado que se tiene es que eran consumidores de estupefacientes", indicaron las mismas fuentes. Es más, los propios guardias civiles así lo reconocieron ante la instructora, la juez de Alcobendas Nieves Bayo, durante su declaración.

"La juez ha entendido que le daban droga a cambio de no perseguirles", insisten, en referencia a la imputación por omisión de perseguir delitos. Es más, una de las sanciones impuestas a Yepes es la inhabilitación de cargo y puesto público, que es lo que recoge el Código Penal en estos casos.

En cuanto al funcionamiento de la red como trama, las imputaciones van en otro sentido. Es decir, que no se les acusa de asociación ilícita para delinquir; o lo que es lo mismo, que no formaban un grupo de delincuentes estructurado, sino que se limitaban a conseguir droga y consumirla. "Se trata de una operación contra el tráfico de drogas, nada más", al menos, a tenor de los datos que ahora se manejan. De cualquier manera, habrá que esperar a que el asunto llegue a la Audiencia Provincial de Madrid para saber si la Fiscalía ha recabado más pruebas y amplía el abanico de imputaciones a los funcionarios.

En cuanto al cabo jefe de la Policía Local de El Molar, Tomás Felipe Boto, que quedó en libertad provisional, está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, igual que Yepes. Pero nada de delito contra la salud pública ni revelación de secretos. Además, a Felipe Boto, alias "El Calabaza", le ayudó, y mucho, el testimonio de los "camellos" imputados -cuatro de ellos en la cárcel-, que le desvincularon de cualquier trama de tráfico de estupefacientes, al contrario que a Yepes, y sólo le calificaron de consumidor de cocaína, según se recogió de sus declaraciones ante la juez Bayo.

Eso sí, el Ayuntamiento de El Molar anunció en un comunicado firmado por su alcalde, Emilio de Frutos, del PP -quien no ha aparecido públicamente durante el escándalo-, que se le ha suspendido de empleo de forma provisional "hasta que recaiga sentencia firme o se deje sin efecto por resolución judicial".

El presidente de la Plataforma de Seguridad del Norte, Fernando Moreno, consideró "correctísima" la decisión de la juez y lamentó que "desde el principio se haya condenado tanto al jefe de policía de El Molar -en libertad con cargos- como a los guardias".

Moreno agregó que "la presunción de inocencia es fundamental para todo el mundo", en especial para los agentes, que "son los que nos protegen y los que nos ayudarán en todo momento a salir de cualquier apuro".

El escándalo en El Molar estalló el pasado viernes por la tarde. La operación policial se amplió hasta el sábado. El balance definitivo fueron diez personas que pasaron a disposición judicial con distintas imputaciones. De ellas, siete eran supuestamente vendedores de estupefacientes a baja escala en los municipios de El Molar y San Agustín del Guadalix -cuatro en la cárcel-, y las otras tres los dos guardias civiles y el jefe de la Policía Local.