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El organismo pretende dirimir las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de este suceso. Por eso, pedirá "información a todas las Administraciones implicadas". Además, prevé solicitar a la Policía Municipal que le remita las 47 denuncias acumuladas en los últimos años contra El Balcón de Rosales, así como las siete peticiones de cierre que formuló sin éxito.

Entre sus actuaciones, la institución dirigida por Enrique Múgica tiene previsto analizar el actual reglamento que rige la actividad de los empleados de seguridad de los locales nocturnos. Pretende estudiar la norma para proponer reformas que eviten la contratación de porteros sin preparación. También examinará la contratación de la seguridad en el local.

Los tres porteros imputados por la muerte del joven pertenecían a una empresa de seguridad contratada por el local, y ejercían tareas de porteros, aunque no como vigilantes de seguridad, teniendo dos de ellos antecedentes penales y habiendo sido previamente denunciados por agresiones.

"Al parecer, el local en cuestión había sido denunciado por diversas irregularidades como permitir la entrada de menores en su interior, venta de alcohol a menores, no acreditar la existencia de seguro de responsabilidad civil e incendios, etc, además de no poseer las preceptivas licencias de instalación y funcionamiento que amparen las distintas actividades que se realizan en su interior", recalca el organismo

Sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades penales derivadas de este caso, que sólo a los Tribunales de justicia corresponde establecer, el Defensor del Pueblo pedirá las responsabilidades disciplinarias que procedan y propondrá las reformas normativas que resulten necesarias para evitar que personas sin la necesaria preparación, titulación y probidad moral desempeñen las funciones de los llamados "porteros de discoteca".