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El consejero de Economía y Consumo, Fernando Merry del Val, ha explicado que la Ley de Modernización del Comercio generará menos inflación regional y más empleo en el sector minorista, que podrá adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de los ciudadanos.

Merry del Val ha señalado que dicha iniciativa recoge la eliminación o simplificación de múltiples trámites burocráticos que sufren los comerciantes, y que no se obligará a nadie a abrir los establecimientos durante las 24 de horas al día sino que se facilitará que adapten sus horarios a las costumbres de los potenciales compradores.

Esta Ley va acompañada de 45 millones de euros en ayudas al pequeño comercio para su modernización a través del denominado Plan Ficoh. El consejero también ha recordado que además de Madrid, sólo Galicia y Cataluña prohíben abrir entre las doce de la noche y las siete de la mañana.

La nueva norma considerará como grandes establecimientos los de más de 2.500 m2, que es la superficie que marca la Ley básica del Estado. Estos tendrán que conseguir la conocida como segunda licencia comercial autonómica, por exigencia de la norma estatal. No hará falta autorización autonómica para cambios de titularidad o para ampliación, salvo cuando la misma supere el 30 por ciento de la superficie, y la Administración autonómica tendrá que resolver la petición para establecer un gran centro comercial en un máximo de cuatro meses, en vez de los ocho actuales.

Para la actividad ferial, se sustituye el régimen de autorización desde la Comunidad por el de comunicación previa en las ferias y exposiciones comerciales y se sustituye la autorización administrativa por un régimen de comunicación que, conteniendo los principales datos de la entidad organizadora y de la feria en cuestión, servirá para coordinar estas actividades.

La nueva normativa suprime trámites como la inscripción en diversos registros comerciales como el de Actividades y Empresarios Comerciales, o los Registros de Franquiciadores y Empresas de Venta a Distancia. Se mantiene obligatorio el de Venta Ambulante, que dispone de regulación legal específica.

También incluye una revisión de los procedimientos de obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas para la implantación de determinados establecimientos comerciales minoristas y medianas superficies -supermercados y cadenas-. Se eliminan las que merman la eficiencia empresarial y que suponen duplicidades de trámites con las licencias que otorgan las Administraciones locales.

La nueva normativa reconoce el principio de libertad del comerciante para determinar el horario de apertura y cierre de sus negocios en laborables y en los festivos permitidos, de acuerdo con la propuesta efectuada desde el sector empresarial y consensuada en CEIM.