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Objetivo: que no se entere «el jefe» para no dar al traste con la operación policial que ha destapado la trama de corrupción policial en Coslada, presuntamente liderada por el ya ex jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez. Esa ha sido una de las premisas bajo la que se han movido los agentes de la Policía Nacional durante los meses en los que han estado trabajando minuciosamente y extremando todas las cautelas.

En el supuesto «coto privado» en el que, supuestamente, se había convertido el ya célebre municipio del este madrileño para el denominado «sheriff» cosladeño en el que, al parecer, nada se movía sin que él lo supiera, no había que correr riesgos innecesarios que hicieran peligrar la operación policial que ha conmocionado a la opinión pública.

De ahí que ahora los investigadores encargados del caso «Bloque» se estén centrando en recoger las denuncias de los locales de ocio, prostíbulos y comercios en general, extorsionados, presuntamente, por «Ginés y sus amigos», que no se cursaron cuando la Policía tuvo conocimiento de las mismas, por boca de las víctimas, a fin de no levantar la liebre.

Hay una gran avalancha de casos que serán analizados uno a uno en dos vías: para tramitar la denuncia si hay indicios de delito/os y para recabar información de todo tipo vinculada con el caso y con los métodos empleados por los integrantes del «Bloque».

De momento, las pesquisas no han deparado ninguna novedad sobre lo ya conocido: la exigencia de una determinada cantidad de dinero y el hostigamiento, en caso de una negativa a la extorsión. Todo ello llevará su tiempo.

Mientras eso ocurre en el ámbito policial, en el judicial, la semana ha comenzado con novedades. La primera de ellas es que varios de los abogados defensores de los agentes imputados por su presunta vinculación a la trama de corrupción policial van a solicitar al juez encargado del caso, Eduardo Cruz Torres, que tome declaración al actual alcalde, Ángel Viveros (PSOE), y a los anteriores, José Huélamo (IU), Juan Manuel Granados (PSOE y Raúl López (PP) por mantener a Jiménez al frente de la Policía durante más de 20 años, pese a las sanciones disciplinarias y procesos judiciales que pesaban sobre él.

En la larga lista de declaraciones que se pondrán encima de la mesa se incluye la del concejal de Seguridad y teniente de alcalde, Antonio Murillo. La solicitud se formalizará una vez que el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid levante el secreto sumarial de las actuaciones.

Por ahora, el juez realizará el viernes una rueda de reconocimiento en la que participarán seis de las meretrices denunciantes para identificar a los agentes imputados por un delito de incitación a la prostitución. En la prueba estarán, entre otros, Carlos M. G., presunto «número 2» de Ginés, sobre quien recae el mayor número de acusaciones: nueve.

Su abogado ha recurrido su ingreso en prisión e impugna el auto que ratificó su ingreso en prisión el día 14 por basarse «en la alarma social», informa Efe. Miguel Ángel López, encargado de la defensa de uno de los imputados, deja el caso por decisión de la familia de su cliente. Este es el segundo abandono, tras el del letrado de Ginés Jiménez por motivos familiares.