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Los casos de presunta corrupción policial más recientes, como el de Barajas, Coslada o El Molar —con una treintena de detenciones de agentes—, han puesto sobre la mesa la importancia de la Unidad —en el Cuerpo Nacional de Policía— o el Servicio —en la Guardia Civil— de Asuntos Internos. Son los encargados de investigar, en numerosas ocasiones como topos, a sus propios compañeros.

Los casos más frecuentes y también los que llegan a la opinión pública son los de agentes que se dedican, en el marco de sus labores como funcionarios, al tráfico de drogas, la inmigración ilegal —haciendo la vista gorda a cambio de la correspondiente dádiva por la entrada de estas personas por los puestos fronterizos— y a delitos contra la propiedad —robos, por ejemplo—. Recuerda esto, en mucho, a lo ocurrido entre los agentes de "El Bloque" de Coslada, aunque este caso fue investigado por la Udyco, ya que las Policías Locales no cuentan con Asuntos Internos. Se produjeron, presuntamente, delitos de tráfico de drogas y explotación sexual e, incluso, asociación ilícita para delinquir.

En cuanto al narcotráfico, la reciente detención de un subinspector de la comisaría de Torrejón de Ardoz, en el marco de la operación "Rosales", puso en la picota, aunque de manera aislada, el buen hacer de algunos funcionarios. En este caso, el policía Antonio Márquez Peña entabló relaciones con una mafia de narcos a través de su pareja, colombiana. Así fue como se convirtieron en testaferros de los dos locales de ocio donde se daba salida a la droga y, además, supuestamente, el subinspector pasaba información sobre vuelos a los narcos, valiéndose de su posición laboral.

También se les imputan delitos contra la salud pública a los guardias civiles Francisco Yepes y César Torollo, vinculados presuntamente al caso "El Molar", el más reciente. Este asunto fue destapado por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil a raíz de las escuchas telefónicas a camellos españoles y dominicanos de ese municipio y de San Agustín del Guadalix.

Son los asuntos más recientes, los más llamativos, pero hay otros que también saltaron a la opinión pública y que aún no han quedado esclarecidos. Es el caso, por ejemplo, de la detención de cuatro agentes de los "Centauros" de Madrid en marzo del año pasado. Todo comenzó por la denuncia de inmigrantes chinos de Usera en la que exponían que agentes de paisano y de uniforme, del turno de noche, les sustrajeron hasta 5.700 euros en inspecciones a sus locales. Tanto la Jefatura Superior como el juzgado donde fueron interpuestas las denuncias de los chinos archivaron el caso al no encontrar pruebas suficientes, pero Asuntos Internos siguió adelante.

Pero el caso tuvo continuidad, puesto que los agentes detenidos, que siguen suspendidos de empleo y sueldo, denunciaron a su vez a los funcionarios de Asuntos Internos por detención ilegal. Es más, la Unidad de Centauros proporcionó datos sobre una operación que terminó con la detención de algunos de los chinos denunciantes por estafar con un millar de tarjetas de crédito falsas. A fecha de hoy, el caso está en manos del juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, que admitió a trámite la querella de los "centauros".

Paralelamente a ese caso, fuentes policiales indicaron que Asuntos Internos también trabajaba en la investigación de presuntas coacciones de otros "centauros" a porteros de discotecas madrileñas. Se especuló con que el tema de Usera no fuera más que un toque de atención a estos otros "centauros".

En octubre de 2007, el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvo al jefe de Estupefacientes de la comisaría de Móstoles, Carlos G. L., alias "El Armario", acusado de tráfico de drogas. También se le acusaba de falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.

La investigación partió un año atrás, cuando empezó a detectarse que desaparecía droga tras las intervenciones y que, a veces, el alijo incautado era sustituido, algo parecido a lo que acaba de ocurrir en la Jefatura Superior de Sevilla. Tan sólo en tres años, se detuvo a cinco agentes de Móstoles por supuesta corrupción.

Dos años antes, en noviembre de 2005, un comisario de Policía Nacional, Santiago S. A., fue destituido en su cargo tras acusarle de dar información de 25.000 documentos nacionales de identidad (DNI) a una empresa privada. Una decena de agentes fueron interrogados por este caso y se intervinieron más de 500 hojas con los datos de los titulares del DNI. El comisario general de Extranjería decidió apartarlo del servicio como medida cautelar.