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Después de tres horas caminando por la carretera de Valencia, dos centenares de vecinos de la Cañada Real llegaron ayer a la Junta Municipal de Vicálvaro para trasladar sus reivindicaciones hasta la concejal de distrito, Carmen Torralba. Sin embargo, los diez kilómetros de marcha fueron en balde y los manifestantes, en su mayoría de origen marroquí, tuvieron que volver a la Cañada sin cumplir sus expectativas, pero más unidos en su lucha particular contra las excavadoras.

Un día después de la batalla campal vivida el jueves en la Cañada Real Galiana, los vecinos de la plaza Antonio de Andrés esperaban asustados la llegada del grupo de manifestantes. Pasadas las 12.30, comenzaron a cerrar los bares y comercios de la plaza que acoge la Junta de Municipal de Vicálvaro ante el riesgo de que se reprodujesen los actos violentos del día anterior. La desaparición apresurada de los vecinos de la zona vino acompañada de la llegada de una treintena de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o "antidisturbios" que se situaron frente a la Junta Municipal y en los alrededores de la plaza para evitar conflictos.

Minutos más tarde, ocupaba la plaza Antonio de Andrés un grupo de aproximadamente 200 personas -en el que había familias completas con niños pequeños y carritos de bebés-, dispuestos a ser escuchados por las más altas instancias de lo que ellos denominaban "Ayuntamiento de Vicálvaro". Entre los nervios, los manifestantes eligieron a cuatro portavoces para personalizar las reivindicaciones y trasladar a los responsables municipales un mensaje unificado.

Según explicaron algunos de los integrantes de la marcha, el objetivo de la protesta era doble: por un lado exigían que no se repitiesen situaciones como la del jueves cuando, según los vecinos de la Cañada, fueron tratados "como animales y bestias" por parte de los agentes policiales, "sin importar que estuviesen dentro de la casa mujeres y niños". El segundo objetivo era tratar de legalizar sus casas, ante el riesgo de nuevos desalojos en la zona. "Queremos ser tratados como personas ante todo, que lo de ayer no se vuelva a repetir, que es inhumano. Queremos que nos den una solución, que no nos tiren como a perros. Queremos legalizar nuestras casas, que nos dejen pagar nuestras cosas. Que nos legalicen la luz, que nos legalicen todo. No nos negamos a pagar nada", resumía Gloria, una española que tiene su casa en la Cañada y está dispuesta a luchar por ella.

Los marroquíes que se desplazaron ayer hasta la sede de la Junta Municipal querían dejar claro que en la zona donde se derribó el jueves la casa no se trafica con droga. "Somos gente trabajadora, estamos en la obra y nos levantamos cada día a las cinco de la mañana para llevar el dinero a nuestra casa. No somos delincuentes", gritaba ayer Mohamed mientras esperaba noticias de los compañeros que habían entrado en la Junta de Distrito.

"Mirad nuestros brazos, nosotros no nos pinchamos", indicaba Gloria intentando aclarar que no se puede confundir el área de Valdemingómez, donde se mueve la droga, con el sector cinco, donde habitan las familias. La mayoría de los que se manifestaron ayer no tienen constancia de que su domicilio pueda ser derribado en breve. Sin embargo, los últimos acontecimientos han trasladado la inseguridad y la incertidumbre a la comunidad marroquí del asentamiento.

Con la salida de los portavoces vecinales de la Junta llegó la decepción de los que se reunían aguardando noticias. Tras una hora de espera, un funcionario municipal informó a los representantes de los vecinos de que la concejal no iba a recibirles porque no habían pedido cita. Ante la imposibilidad de explicar sus reivindicaciones, rellenaron una solicitud y emprendieron el camino de regreso con rabia e impotencia. Para los manifestantes, la postura de las autoridades es clara: "Se quieren encerrar para agravar más el problema" se lamentaba Sofyan, uno de los portavoces elegidos.

A pesar del fracaso de la marcha, los habitantes del asentamiento avisaron ayer de que no piensan dejar que destruyan sus casas. "Tendrán que tirarme la casa encima, pienso pelearme con uñas y dientes con quien haga falta", gritaba un hombre. Como él, Sofyan advertía de que las cosas pueden ir a peor y contemplaba la posibilidad de que la reacción de los habitantes de la Cañada Real fuera más dura. Ni siquiera descartó que en un futuro conflicto haya muertos.

Mientras los implicados se unían bajo el grito de "No al racismo, legalización", los vecinos de Vicálvaro observaban con cierta distancia lo que ocurría con opiniones divididas. Manuel, un jubilado del barrio entendía que la situación es irregular pero afirmaba que "si los han dejado vivir ahí durante 40 años, ahora el Ayuntamiento se tendrá que aguantar". Junto a él, Marta, una joven que lleva cinco años viviendo en Vicálvaro se indignaba ante las protestas: "Yo soy mileurista, y tengo que pagar una hipoteca, nadie me ayuda a nada. Ellos se han ido a la Cañada porque han querido, sabían que era ilegal y que en algún momento los echarían de allí". La marcha de ayer, que no dio los resultados esperados, será, según los manifestantes, la primera de una serie de movilizaciones que tendrán como objetivo evitar nuevos derribos y legalizar las viviendas de la Cañada Real.