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Coslada sigue en el punto de mira. Esta vez por el presunto uso indebido de fondos públicos destinados a las Bescam, las policías locales de la Comunidad de Madrid. Así, el Gobierno de Esperanza Aguirre anunció ayer que va a abrir, de manera inmediata, un expediente a los gestores del Ayuntamiento de Coslada por "no haber destinado dichos bienes a lo que se debería".

Lo hará hoy, en el transcurso de la comisión de seguimiento sobre las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam). Así lo adelantó ayer Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior. Dicha comisión está integrada por la Comunidad, ayuntamientos y la Federación de Municipios, que se ha convocado con carácter extraordinario ante el grave escándalo de presunta corrupción destapado.

"Parece que a lo que se han destinado algunos de los uniformes, vehículos y algunos sueldos de algunos policías ha sido para poner en grave riesgo la seguridad de los ciudadanos, lo contrario de lo que debería haber sido: velar por ella", agregó. El expediente administrativo tendrá su instrucción correspondiente y determinará las sanciones oportunas por el supuesto uso fraudulento de agentes de las Bescam, pagados con dinero de la Comunidad, exclusivamente para realizar labores de seguridad.

El consejero hizo estas declaraciones en la comisaría de la Policía Nacional de Carabanchel, donde asistió a la apertura de un curso de especialización del Cuerpo sobre los delitos contra la propiedad intelectual, organizado por la Confederación Española de Policía (CEP) y en el que participan más de 500 agentes.

Granados recordó que el Gobierno regional ha destinado en 2008 a Coslada 3,2 millones de euros para financiar las Bescam. Junto a ello, anunció que el Ejecutivo prevé implantar un sistema de control interno en las policías locales, y profundizar en su formación, que en estos momentos se está estudiando y será presentado "cuanto esté perfilado y perfectamente estudiado". Tras subrayar que "no se puede criminalizar a todo el colectivo porque algunos fallen", el consejero afirmó que no prevé realizar ningún cambio en la formación que reciben los policías que trabajan en Madrid, "excepto seguir profundizando en la formación ética".

La noticia de la apertura del expediente no sentó nada bien al Ayuntamiento de Coslada, que la calificó de "injustificada". Así, subrayaron que los agentes de las Bescam que trabajan en el municipio realizan sólo labores de seguridad".

"Es sorprendente que no se haya hablado de este tema antes de la llegada del actual equipo de Gobierno, cuando los agentes hacen lo mismo que cuatro años atrás, por lo que parece que hay una vara de medir diferente con el PSOE que con el PP -al frente del Consistorio entre 2003 y 2007", precisaron fuentes municipales. El Gobierno regional pidió la reunión urgente para hoy con el alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), con el fin de examinar la aplicación del convenio de colaboración sobre los efectivos de las Bescam en la localidad. Además, criticaron con dureza que el portavoz del PP, y ex alcalde, Raúl López, esté presente en la comisión de seguimiento como representante de la Federación de Municipios.

El expediente que abrirá el Gobierno regional surge a raíz de un informe realizado por el PP de Coslada a primeros de mayo, en el que se denunciaba que varios agentes de las Bescam habían sido destinados por el ex oficial jefe de Policía Local, Ginés Jiménez, a sancionar a vehículos mal estacionados o controlar el exceso de velocidad. López, portavoz del PP, afirmó entonces que el fin de las Bescam "es prevenir la seguridad, no ponerse a multar con afán recaudatorio".

Tras la denuncia de la oposición, el alcaldeaseguró que los agentes se dedican a "cumplir con su obligación" y criticó el "intervencionismo" de la Comunidad de Madrid a la hora de decidir las funciones de los agentes municipales.