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Ocho de la mañana. Los vecinos del sector 5 de la Cañada Real Galiana, en el límite del distrito de Vicálvaro con el municipio de Rivas Vaciamadrid, se disponen a recibir a la Policía y las excavadoras. Un "run run" viene asaeteándoles desde la tarde anterior, cuando comenzó a extenderse por el poblado que irían a tirar nuevas edificaciones.

No se equivocaban: en este caso, les llegaba el turno, previa orden judicial, a un edificio de viviendas del presidente de la asociación vecinal, Félix; a la casa del vicepresidente, Alí, y a la de un vecino cercano, Mohamed, que fue la primera en caer en medio de los lamentos vecinales.

Sobre las nueve de la mañana, comenzaron a llegar los operarios y los alrededor de 500 agentes policiales, entre Municipales, Guardia Civil y Nacionales —muchos de ellos "antidisturbios"— a la zona, muy cercana a donde se produjeron los graves altercados del pasado octubre, en el área oeste, sentido salida, de la carretera de Valencia (A-3). La consigna, en ambos bandos, era la misma: que no se repitiera la batalla campal de la ocasión anterior. Y así fue, aunque sí hubo insultos a los agentes y algunos empujones.

Cuando las tres excavadoras quisieron comenzar su trabajo, un grupo de unas cincuenta personas intentó impedírselo, con una sentada ante la piqueta. Pero para algo estaba allí la Policía, que retiró a todos los "insurgentes" entre empujones y más de un insulto.

La expectación era máxima. La tensión se mascaba en el aire. Tras la casa de Mohamed, le llegó el turno a la más cercana, un edificio de dos alturas y unos 20 pisos construido por su dueño, Félix.

Quizá fuesen los momentos más dramáticos de la jornada, puesto que en esos apartamentos residían familias bolivianas, muchos de cuyos componentes no sabían aún que se iban a quedar sin techo, puesto que se encontraban en el trabajo. Pero dentro también había algunas mujeres, hombres y niños, a los que despertó la algarabía que llegaba desde el otro extremo de la calle. Tuvieron que salir, literalmente, con lo puesto, ya que no sabían absolutamente nada de que les iban a tirar sus viviendas, o eso explicaron.

En otra casa de la zona, la de Alí, tuvieron, a la vista del cariz que estaba tomando el asunto, tiempo para, nunca mejor dicho, salvar los muebles. La familia hizo lo que pudo y sacó lo de más valor antes de que le tiraran abajo la construcción ilegal. Pero las tres excavadoras se encontraron con un inconveniente: eran incapaces de derribar una de las habitaciones de la casa.

Fuentes policiales indicaron que se encontraron "con un búnker, una cámara acorazada, posiblemente utilizada para esconder algo". Por esta razón, hubo que recurrir a las palas para poder tirarlo todo abajo.

En medio de toda la operación, que duró varias horas, pese a la consigna de no montar algaradas, sí hubo más conatos de enfrentamientos entre vecinos y personas agrupadas en colectivos contra la Policía.

Ocurrió cuando diez agentes de paisano fueron rodeados por varias mujeres, que les increparon sin ningún tipo de miramientos. "¡Fuera, fuera! ¡Que se vayan!", gritaban. Ante tal situación, un grupo de "antidisturbios" tuvo que hacer de escudo para sus agentes. "¡Provocadores!", "¡a-se-si-nos!", "¡así justificáis las cargas" o "aquí tenéis a los jóvenes violentos", ironizaba un joven que grababa la escena con una cámara de vídeo.

La situación empeoró aún más cuando una de las alborotadoras se dirigió a una policía: "¡A la del pendiente, que me he quedado con su cara! ¡Lo peor que has hecho es venir sin casco! Ésa más vale que no venga por Rivas", retaba.

Y otra no le iba a la zaga: "A ti te he visto yo por la calle, ¿sabes? Si es que se os ve en la cara: chivatos. Los malos del cole, los que no aprobaban, y por eso se meten en la Policía", exclamaba, burlona.

Finalmente, los agentes de paisano tuvieron que abandonar la zona, escoltados por sus compañeros "antidisturbios", a la par que los vecinos aplaudían: "¡Bien! ¡Fuera! ¡A tomar por culo!".

Patricia Fernández, abogada de Mohamed, explicó que habían solicitado a las nueve de la mañana al Juzgado de Instrucción número 18 una suspensión cautelar del derribo, porque, según explicó, no se lo habían notificado. "En la vivienda vivían siete menores, desde uno de 2 meses a otro de 12, además de un chico de 18 años y dos matrimonios", explicó la letrada, quien, sobre su patrocinado, explicó que era "trabajador autónomo".

Sobre la elección de las casas que se derribaron, Miguel Martín Nombela, vocal de la Asociación Cañada Real Galiana Sector 5, acusó: han elegido las del presidente y el vicepresidente porque eran quienes estaban poniendo el alcantarillado en esta calle.