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La Comunidad de Madrid aplicará al plan de reforma del eje Recoletos-Prado el procedimiento de evaluación ambiental con el que se analizan los grandes proyectos de infraestructuras. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha decidido activar el procedimiento de evaluación ambiental ordinario, lo que significa que empleará un mínimo de nueve meses —se puede extender hasta un año— en analizar todas las afecciones de impacto ambiental que pudiera tener el proyecto sobre su entorno. El objetivo no es otro que examinar en profundidad la repercusión sobre el medio ambiente de unas obras que incidirán sobre el corazón urbano de la capital —donde destaca por encima de todos el parque del Retiro— y que, según fuentes regionales, puede "alterar" el sistema de movilidad global de toda la ciudad.

Ya lo dijo la presidenta regional en el último pleno de la Asamblea antes de las vacaciones de la Semana Santa: "el proyecto de reforma del eje Prado-Recoletos es más complejo de lo que parece". Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que el proyecto de Ruiz-Gallardón ha sido explicado "de forma distorsionada" a los madrileños para que estos no puedan hacerse una idea global de las complicaciones (tanto ambientales como de movilidad) que puede acarrear la obra.

Es por ello por lo que el Ejecutivo autonómico ha decidido aplicar el procedimiento ordinario de evaluación ambiental sobre el proyecto, lo que le permitirá analizar en detalle cada uno de los tramos que se verán afectados. En definitiva, la Comunidad destaca la "envergadura" del proyecto, que prevé una redistribución del tráfico rodado "a gran escala", así como un "notabilísimo" volumen de residuos de construcción en la zona, que podría llegar a los 1,7 millones de toneladas.

Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio consideran "imprescindible" estudiar con mayor profundidad "cada uno" de los veinte proyectos individuales así como "el conjunto de las actuaciones previstas en el Plan Especial para valorar los posibles efectos medioambientales". El tiempo estimado para su análisis no será menor de un año.

Este paréntesis podría poner en peligro el proyecto estrella que el alcalde de Madrid tiene pensado ejecutar esta legislatura por falta de tiempo material para realizarlo. El Plan Especial Prado-Recoletos afecta a una superficie de 160 hectáreas de suelo urbano, repartidas en cuatro distritos (Centro, Retiro, Arganzuela y Retiro) en los que viven más de 600.000 madrileños."Se trata pues —apuntan fuentes regionales— de una obra de grandes dimensiones que supone modificar una de las principales vías de comunicación norte-sur de la capital y su relación con las calles aledañas, lo que en la práctica puede suponer la alteración del sistema de movilidad global de la ciudad".

Entre las obras que se plantean en los veinte proyectos diferentes que componen la reforma del eje Recoletos-Prado, cabe destacar la reubicación del monumento a Colón dispuesto sobre una isla central y la eliminación de las fuentes; la demolición del Colegio Virgen de Atocha, actualmente en funcionamiento y con más de 1.000 alumnos; la construcción de un edificio junto a los Jardines del Descubrimiento; la construcción de aparcamientos subterráneos para autobuses y residentes en la plaza de la Lealtad, barrio de la Letras y Alfonso XII; así como una serie de demoliciones necesarias para la creación de accesos a la colina de San Blas.

El procedimiento de evaluación ambiental ordinario se aplica a aquellos proyectos de gran envergadura y que implican un importante impacto ambiental para los ciudadanos, la vegetación y el patrimonio histórico. Este proceso permite que se abra un debate público sobre la conveniencia de llevar a cabo el proyecto y de qué forma hacerlo realidad.

Así, el Ayuntamiento tendrá que presentar una memoria-resumen del proyecto ante la Comunidad y los organismos e instituciones que puedan verse afectados por las obras, para que hagan sugerencias al proyecto. Una vez incorporadas las sugerencias, el Consistorio tendrá que elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, presentarlo ante la Comunidad y someterlo a información pública.

Igualmente, se solicita un estudio detallado sobre la generación de residuos de la construcción que se vayan a producir durante la ejecución de la obra. Se estima que se generarán cerca de dos millones de toneladas de escombros, pero no se especifica cuál será su destino final. El Ayuntamiento también tendrá que proponer medidas compensatorias por los daños medioambientales que lleve aparejados la remodelación.

Respecto a la redistribución del tráfico rodado, la reforma no sólo afectará a los vehículos que circulan por el paseo del Prado y Recoletos, sino que se prevén importantes operaciones que afectan a zonas de mucha afluencia de tráfico como la Glorieta de Carlos V y la Ronda de Valencia, que suponen las principales vías de escape hacia la Calle 30 y cuyo estrechamiento supondría el colapso de la zona.

Según la simulación llevada a cabo por el Gobierno regional, las calles que sufrirán un mayor incremento del paso de vehículos como consecuencia de la reducción de capacidad del paseo del Prado en un máximo del 37 por ciento serán Alfonso XII (junto al parque del Retiro) —que captaría 14.000 vehículos más al día—, Doctor Esquerdo —con 2.900 vehículos más— Menéndez Pelayo —3.000 coches—, la calle de Toledo —2.000 vehículos—, así como la M-30, que se incrementaría en 5.000 vehículos más.