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Extranjeros estafando a extranjeros con la excusa de un puesto de trabajo que les proporcionaría un permiso de trabajo y residencia. La Policía Nacional ha detenido a 25 personas pertenecientes a una red mafiosa especializada en vender contratos de trabajo a nigerianos a través de dos empresas ficticias que han defraudado a la Seguridad Social 668.800 euros -más de 111 millones de pesetas- durante los dos años de su ilícita actividad.

De los detenidos, tres eran de la banda estafadora y los otros 22 eran nigerianos, detenidos por falsedad documental, según informaron ayer los Ministerios de Trabajo e Interior. Los integrantes de este grupo organizado habían constituido dos empresas falsas que, sin ejercer actividad alguna, formalizaban contratos y gestionaban el alta en la Seguridad Social a trabajadores inmigrantes a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 600 y los 2.000 euros.

Los cabecillas de este grupo mafioso, de origen nigeriano, convencían también a ciudadanas españolas para constituir empresas a su nombre con esta finalidad. Uno de los investigados por la Policía Nacional era el encargado de contactar con las víctimas, proporcionarles la documentación que debían firmar y presentarla en las Oficinas de Extranjeros. Esta persona era el «cobrador», es decir el responsable de pedir a las víctimas la cantidad acordada por el supuesto empleo.

Entre los arrestados figuran dos abogados que realizaban los trámites en las Oficinas de Extranjería y que están acusados de los delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsificación y estafa. Los detenidos son Eva P. S., de 30 años y nacionalidad española, Anselmo R.S., abogado de 40 años y origen guineano, y Lovette Collins O. E., letrado de 33 años y nigeriano.

La operación policial, realizada por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, a requerimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha destapado una deuda a las arcas públicas de más 668.000 euros en dos años. Los falsos contratos y los periodos de carencia permitían a los trabajadores acceder a prestaciones por desempleo o maternidad.

Incluso, muchos de estos extranjeros, tras el alta, habían realizado abonos periódicos de unos 300 euros mensuales a las falsas empresas en concepto de seguros sociales, cantidades que los estafadores se apropiaban después.

Se desconoce cuántas personas han podido ser víctimas de esta red mafiosa. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.