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Son siete. Rumanas, muy jóvenes, la mayoría de baja estatura y con serios problemas para hacerse entender en castellano. Las prostitutas que, con sus denuncias, acabaron con las andanzas del jefe de la Policía Local de Coslada y su "banda del Bloque", se vieron ayer las caras con el juez y con tres de los agentes locales imputados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, quiso conocer de primera mano sus testimonios. Por eso, a primera hora, las citó para una ronda de reconocimiento y después les tomó declaración una por una. En esta ronda se encontraban tres de los agentes locales encarcelados por presunta pertenencia a la banda del "sheriff" de Coslada: Carlos M. G. (conocido como la "mano derecha" de Ginés Jiménez), Adrián J. P. y Antonio José C. A.

De los tres, según confirmaron fuentes policiales y de la investigación, fue el primero quien salió peor parado. La mitad de las mujeres identificó y reconoció al "número dos" de Ginés. Después, ante el juez, le señalaron como uno de sus extorsionadores. Al parecer, Carlos daba protección a Catalin, un joven rumano que solicitaba a las mujeres hasta 200 euros a la semana por "trabajar" en una zona que él consideraba de su propiedad. Catalin, que operaba con dos jóvenes de su misma nacionalidad (los hermanos Giurca), campaba a sus anchas por el polígono de Vicálvaro, donde se encontraban la mayoría de las chicas.

El procedimiento que utilizaba para extorsionarlas era bien sencillo. Si ellas no accedían a pagarle cada semana, les mandaba a Carlos, que acudía a la zona para amedrentarlas con detenciones o deportaciones a su país. A cambio, según revelaron fuentes policiales, la "mano derecha" de Ginés obtenía "sexo gratis", al margen de una contraprestación económica. Para recoger el dinero, sin embargo, enviaba a Adrián J. P. la mayor parte de las veces.

Carlos, "lugarteniente" del jefe de la Policía Local de Coslada está imputado por nueve delitos: asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, delitos contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa, así como delitos contra la administración de justicia (manipulación de pruebas).

Las prostitutas del polígono llegaron a España hace unos meses a instancias de los rumanos imputados en la investigación dirigida por el Grupo XVI de la Brigada de Policía Judicial. Una de ellas decidió denunciar a finales de 2007 la existencia de una red mafiosa policial que las extorsionaba. Tras cinco meses de investigación, los agentes de la Policía Judicial destaparon el 8 de mayo la "Operación Bloque" con la detención del oficial jefe de la Policía Local de Coslada y otros 25 agentes.

Por lo que respecta a los otros dos policías municipales que acudieron a la ronda de reconocimientos, solo una de las siete mujeres rumanas consiguió identificar a uno de ellos, Adrián J. P. Según reveló su abogado, la chica reconoció no haber mantenido relaciones con el agente y que sólo lo conocía de verlo por el local donde ella trabajaba. Ninguna de las mujeres, por otro lado, reconoció al agente Antonio José C. A.

Las siete prostitutas desfilaron ayer por los pasillos del juzgado de instrucción número 21. Cubiertas con pasamontañas o capuchas y con grandes gafas de sol —son testigos protegidos— dieron sus explicaciones tras un biombo para que tampoco pudieran ser vistas por los abogados de los tres agentes imputados.

"Conocían a Carlos de patrullar la zona", apuntó su abogado, Alberto Fernández Palacios. Las prostitutas, según añadió, se limitaron a "incriminar a Catalin y su mujer (Andrea) como sus proxenetas". "Catalin —manifestó— decía a las prostitutas que tenía amigos en la Policía Local y que debían entregar un dinero a Andrea". Según dijo, las testigos certificaron que habían mantenido contactos sexuales con varios de los agentes imputados, si bien prefirió no contestar a la pregunta sobre si pagaban sus servicios.

Por otra parte, el PP de Coslada exigió ayer, tras la reunión del Comité Ejecutivo Local, la dimisión del alcalde de la localidad, el socialista Ángel Viveros, por su gestión durante "la crisis institucional provocada por la operación Bloque" y por "el lamentable espectáculo ofrecido por su gobierno en las últimas dos semanas".

El Comité Ejecutivo Local también aprobó por unanimidad un comunicado para dirigirlo a los vecinos de Coslada en el que se pide confianza en la Policía Local. "En estos momentos difíciles y ante la pasividad de un gobierno tripartito que ha demostrado de sobra carecer de la más mínima competencia para seguir rigiendo los destinos de la ciudad, el PP de Coslada quiere transmitir a estos policías su cariño, su comprensión y el más decidido apoyo para que continúen realizando con la máxima excelencia su labor".