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El plan parecía perfecto: introducir 230 kilos de pasta de cocaína para, una vez elaborada, venderla en el mercado español multiplicándola por siete: hasta 1.600 kilos. ¿Cómo? Oculta en un inmenso cargamento de conservas, dificultando la labor de los perros detectores de droga, pese a la gran pureza de la pasta. Lo que los traficantes no sabían era que la Guardia Civil les seguía la pista, y ahora los tres responsables del delito, al menos en España, rumian su plan fallido entre rejas.

La operación se inició cuando el Instituto Armado supo de la existencia de un grupo que pretendía introducir importantes cantidades de droga con sistemas de ocultación que se lo ponían muy difícil a los perros adiestrados. Se inició la llamada "Operación Asfixia". La Guardia Civil fijó un dispositivo de seguimiento para detectar los envíos de droga, localizar el destino e identificar a sus responsables. El despliegue tuvo premio y los agentes supieron cómo querían introducir la cocaína en España y la identidad de quienes debían hacerse cargo de ella.

Según informó ayer el Instituto Armado, el responsable de la red había creado una sociedad ficticia de importación de productos alimenticios latinos denominada "Chango and Gómez". Con esta tapadera pretendían importar gran cantidad de frutas tropicales en conservas. En el interior de algunos envases, aprovechando el enorme volumen del envío, se había sustituido la fruta, en origen, por la pasta de cocaína.

El esfuerzo de la Guardia Civil dio sus frutos la semana pasada. En colaboración con el servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se intervino en el puerto de Valencia un contenedor del que, tras un minucioso examen, se extrajo la droga. Los agentes dejaron circular el resto de la mercancía para cazar a quien pretendía recibirla.

El cargamento de conservas llegó a la capital, vigilado en todo momento por el Instituto Armado, y fue depositado en una empresa de contenedores hasta que fueran a recogerla. Eso al menos intentaron.

Los agentes detuvieron al responsable de la mercancía, que responde a las iniciales J. G. B., y a sus colaboradores, Y. R. P y J. F. H. A., todos ellos españoles. Seguidamente se efectuaron cuatro registros en sus domicilios, en Boadilla, Pozuelo y Las Rozas, así como en un bar del jefe, en la capital.

"Se intervino abundante documentación que está siendo analizada, así como una importante cantidad de dinero en efectivo", explicaron fuentes de la Guardia Civil, que "por prudencia" no informaron del país de procedencia de la droga ni de la fecha del inicio de esta operación, pese a considerar desmantelado el grupo.