Noticias Ya.com

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra el artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Comunidad de Madrid. Dicho artículo, suspendido ahora cautelarmente, obligaba a los agentes forestales a contar con una autorización judicial para entrar en las fincas privadas, excepto en casos de emergencia como incendios.

El escrito del TC ordena la "suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición de la demanda", que tuvo lugar el 29 de octubre. Para ello, el Gobierno invocó en el recurso el artículo 161.2 de la Constitución. En él, se dice que "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas".

El artículo añade que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

El TC da ahora un plazo de quince días al Ejecutivo de Esperanza Aguirre para presentarse en el proceso y, por lo tanto, entregar las alegaciones que estime oportunas. Fuentes de la Comunidad advirtieron ayer que todavía no habían recibido el escrito del TC por lo que el plazo de 15 días "aún no ha empezado". El Gobierno regional cree que la notificación llegará entre el próximo lunes y martes.

El Ejecutivo regional, sin embargo, considera que la decisión del Alto Tribunal es "un mero trámite", ya que no se refiere todavía al fondo del asunto. Fuentes del Gobierno autonómico señalaron que el TC "se ha limitado a aplicar la suspensión automática de la norma", posibilidad que recoge el artículo 161, siempre y cuando lo solicite el Gobierno de la Nación.

En la misma línea se expresó también el portavoz popular en la Asamblea, Antonio Beteta. El diputado considera que el escrito "no ha entrado en el fondo de la ley". Beteta añadió que el Gobierno de la Nación lo que hizo en su momento fue "utilizar una facultad constitucional, que obliga al TC a suspender la ley a petición de Ejecutivo. Así que no se pongan tan contentos tanto los del PSOE como los de IU".

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional debe "hacer recapacitar" a Esperanza Aguirre. En este sentido, reclamó a la presidenta de la Comunidad que derogue el artículo 9 de esta ley, aprobada "de espaldas a los ciudadanos", que con esta medida del TC "queda en suspenso". Para la parlamentaria del PSOE, esta decisión supone "un paso más" para lograr la inconstitucionalidad del artículo que "recorta" la acción de los agentes forestales "en su trabajo de proteger el medio ambiente de Madrid".

La portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, pidió ayer al Ejecutivo autonómico que "cumpla inmediatamente" la sentencia. "Aguirre -dijo- no tiene reparos en saltarse la Constitución y situarse al margen de la Ley para defender intereses privados frente a los generales y eso ha quedado claro con esta ley de la impunidad".