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Ya están en la calle. Seis de los diez imputados que continuaban en prisión por el llamado «caso Guateque» quedaron ayer por la tarde en libertad después de que el juez Santiago Torres emitiera el correspondiente auto. En él, y tras la petición del Ministerio Fiscal, se decretaba la puesta en libertad con cargos de todos los encarcelados, previo pago de fianzas que iban de los 60.000 a los 100.000 euros. La Fiscalía considera que «no hay riesgo» de entorpecer la investigación, por el levantamiento del secreto del sumario.

A las siete de la tarde abandonaban el penal de Alcalá-Meco Victoriano Ceballos -presunto «cabecilla» de la trama-, responsable de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Ayuntamiento madrileño; Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, y Santiago Castillo, empresario. En el caso de Ceballos, la cuantía de la fianza exigida era de 60.000 euros.

Según su letrado, José Luis Prada, su hermano hizo efectivo al mediodía el pago en los juzgados. El dinero fue recaudado entre distintos familiares. Precisamente, uno de ellos tapó la cabeza de Ceballos con una bolsa de plástico a su salida del penal, para evitar que los medios de comunicación captaran imágenes de él. Fernández de Castro también pagó 60.000 euros, mientras que Santiago Castillo abonó 100.000.

Además, también salieron de la cárcel de Soto del Real de los funcionarios Manuel Sánchez Romanillos, Domingo Sánchez Bote y Fernando Ruiz Torrejón, detenidos en la segunda fase de la operación, que también habían dado cumplida cuenta de sus respectivas fianzas (60.000 euros cada uno). Como los anteriores, deberán comparecer en el juzgado los días 10 y 24 de cada mes.

El resto de los encarcelados se encuentran buscando la manera de recaudar el dinero exigido por el juez para poder salir en libertad. Son Manuel Sánchez Jodar (Junta de Distrito de Salamanca), Julio Rubén López (Chamartín), Eduardo Agustinos (empresario) y Carmelo García Sánchez (ex funcionario que supuestamente actuó como intermediario en la trama).

Mientras que Santiago Castillo salió protegido por un gorro y una bufanda y que Joaquín Fernández dejó caer un escueto «ya hablaremos» a los periodistas allí congregados, se ha sabido que Victoriano Ceballos había manifestado su indignación por «que haya gente que para tratar de defenderse me inculpen a mí», según relató su defensa, sobre los imputados que le habrían utilizado como «cabeza de turco» ante las acusaciones del juez. Pese a ello, no se plantea, al menos por ahora, realizar acciones judiciales contra quienes le han utilizado.

A la vez que se montaba semejante revuelo a las puertas de Alcalá Meco, llegaban detalles sobre la declaración, el pasado miércoles, de un conocido empresario restaurador, con negocios en el entorno del paseo de la Castellana. Según fuentes cercanas al caso, cuando le preguntaron si había pagado dinero a Victoriano Ceballos por la tramitación de la licencia de uno de sus negocios -que carecía de ella desde hacía seis años-, respondió que el imputado le dijo: «A veces, las cosas se agilizan pagando a los jefes», sin especificar quiénes eran éstos.

Eso sí, cuando quisieron indagar, entonces, si le habían pedido alguna cantidad de manera explícita, el empresario respondió: «No, pero, desde la perspectiva del día de hoy y en base a lo que ha salido publicado en los medios, sí me parece claro». Esta respuesta tan ambigua la completó al decir que le hablaron de «alguna propinilla». El abogado de Victoriano Ceballos negó que lo expuesto por ese empresario se ajuste a la realidad. «Es una invención de ese señor», dijo.

Por otra parte, ha sido interpuesta una denuncia ante el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, dirigido por el juez del «caso Guateque», Santiago Torres, sobre presuntas irregularidades en cuatro edificios municipales. Concretamente, la querella, del sindicato Manos Limpias, precisa que, «al parecer, se han efectuado obras, alterando su estructura y volumen de edificabilidad, lo cual implicaría una actuación presuntamente ilícita». «Dentro de ese mismo contexto -continúa la denuncia-, las referidas obras se han efectuado sin la correspondiente licencia».

El asunto no es baladí si se tiene en cuenta qué edificios son. Se trata, nada menos, que del propio Palacio de Correos y Telecomunicaciones, en Cibeles, flamante sede del Ayuntamiento de la capital. En el listado, además, aparecen los edificios del Área de Medio Ambiente (paseo de Recoletos, 14), Seguridad (paseo de Recoletos, 5) y Hacienda (Alcalá, 45, con vuelta a Barquillo). La denuncia quedó registrada en el juzgado el pasado 15 de enero.