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Después de casi un año de negociaciones todo parece indicar que el acuerdo entre Comunidad de Madrid, inmobiliarias y bancos está próximo. Y es que el Gobierno regional está a punto de cerrar un pacto a tres bandas para conseguir sacar al mercado un total de 25.000 viviendas libres que no encuentran comprador y que duermen "el sueño de los justos" en el cajón de las promotoras por culpa de la crisis. Las negociaciones avanzan a buen ritmo y, si todo transcurre con normalidad, podría hacerse oficial a mediados de la próxima semana.

La situación económica ha paralizado por completo al sector inmobiliario, lo que está provocando una cadena de malas noticias que torna la situación cada vez más negra y preocupante. Los pisos ya no se venden, y eso impide a las inmobiliarias obtener liquidez para continuar financiando las demás obras que tienen en proceso de construcción.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico quiere impulsar un acuerdo entre todos para encontrar una solución a este camino sin retorno. El pacto afectaría a un total de 25.000 viviendas libres terminadas o en construcción, propiedad de la mayor parte de las compañías que construyen en la región. Cada una de las partes, según reza el acuerdo que está a punto de cerrarse, deberá adoptar una serie de compromisos para llevar a buen puerto el convenio.

Los bancos, para empezar, deberán facilitar a las inmobiliarias la financiación de las promociones que todavía se encuentran a medio construir. Por otro lado, también tendrán que poner facilidades a aquellos particulares que necesiten contratar préstamos para adquirir uno de estos inmuebles. Dichas hipotecas podrán firmarse a tipo fijo o variable.

Por lo que respecta a las inmobiliarias, deberán comprometerse a reducir el precio de estas viviendas libres que no encuentran comprador. ¿Cuánto? Todavía no está definido, pero fuentes regionales hablan de una reducción de entre el 10 y el 20 por ciento. La vivienda libre que se ofrecerá saldrá a precios de vivienda concertada. La Comunidad de Madrid, además, ha pactado con las compañías fijar cuatro o cinco tipos de precios en función de la zona en la que se encuentre el inmueble en cuestión. "No cuesta lo mismo -dicen- un piso en Pozuelo de Alarcón que en Villaverde".

La tipología de los inmuebles es variada. Y es que los pisos disponibles podrán ser de venta o de alquiler con opción a compra. La intención del Gobierno de Esperanza Aguirre es ofrecer estas 25.000 viviendas a aquellos segmentos de población que tienen problemas para acceder a un piso: familias con escasos recursos, jóvenes que buscan emanciparse, separados o divorciados…

La Comunidad de Madrid, por su parte, se compromete a servir como plataforma de información a todos los interesados y, sobre todo, a vigilar para que todo el proceso se cumpla tal y como está pactado. Es decir, el Ejecutivo será el árbitro que supervisará, por ejemplo, que los bancos faciliten financiación tanto a las promotoras como a los particulares, y, sobre todo, que las inmobiliarias se decidan a reducir los precios de sus viviendas.

Lo dijo ayer el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, a la conclusión del Consejo de Gobierno. "Trabajamos en los dos sentidos para favorecer un acuerdo que permita bajar los precios y mejorar las condiciones de financiación de los inmuebles", manifestó. Este acuerdo, apuntan fuentes regionales, está muy cerca. "Es inminente", dicen. Si todo transcurre como está previsto podría rubricarse la próxima semana.

Por otra parte, la Comunidad creará un consejo arbitral que facilitará el acceso al arbitraje para que los propietarios e inquilinos inscritos en el Plan Alquila puedan resolver sus posibles conflictos relacionados con el alquiler de un modo ágil, rápido y económico, según informó ayer el vicepresidente, Ignacio González.

El nuevo Consejo Arbitral para el Alquiler establecerá convenios con las instituciones arbitrales competentes en la región (colegios profesionales, Cámara de Comercio...) y coordinará su labor con los propietarios e inquilinos del Plan Alquila facilitándoles asesoramiento y apoyo antes, durante y después del procedimiento.

El objetivo de esta iniciativa, que forma parte del citado Plan Alquila, es ofrecer garantías a los propietarios de viviendas que por temor o falta de confianza no sacan al mercado del alquiler sus pisos. De esta medida se beneficiarán también los inquilinos, ya que gracias al consejo arbitral se reducirán los costes de los litigios, tanto en tiempo como en dinero. El ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Jiménez de Parga será el presidente de este organismo.