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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó ayer que las obras realizadas por el Ayuntamiento de Madrid en la M-30 tendrían que haber tenido un estudio previo de impacto medioambiental, tal y como establece la normativa europea.

El fallo del Tribunal de Luxemburgo se produce a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que presentó una cuestión preliminar sobre el tema tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción. La Justicia de la UE ha determinado que, tal y como establece la Directiva europea, "los proyectos de construcción de autopistas y vías rápidas y los proyectos de nueva carretera de cuatro carriles o más o realineamiento y ensanche de una carretera existente requieren estudio de impacto ambiental y esta obligación no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto".

Ecologistas en Acción, la demandante, aseguró ayer que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo viene a señalar la "continua vulneración de la ley ambiental cometida por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón".

La CE abrió un expediente sancionador contra España en 2006 por las obras de soterramiento de la M-30.