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El mercado de la vivienda protegida no se encuentra al margen de la picaresca inmobiliaria. Ni siquiera entre los propios particulares. En los últimos años, el Ivima ha observado, con cierta preocupación, el aumento de operaciones fraudulentas en el mercado de la vivienda pública. Ventas y arrendamientos ilegales, ocupaciones, impagos... Por este motivo decidió crear un Servicio de Inspección de Vivienda para realizar controles con el fin de que los propietarios de los pisos sociales no puedan alquilarlos ni venderlos en el mercado libre.

Los resultados en 2007 fueron determinantes. Durante el año pasado se abrieron 218 expedientes por ocupaciones ilegales de pisos del Ivima. En este caso, por "ocupación ilegal" se entiende cualquier operación fraudulenta con este tipo de inmuebles -venta o alquiler-, así como la presencia de "okupas" en algunos pisos.

De esos 218 expedientes abiertos, los técnicos de la Consejería de Vivienda confirmaron 158. De ellos, 87 correspondieron a desalojos forzosos de personas que habían "okupado" los inmuebles sin ser propietarias del mismo. El resto se divide en operaciones de compra-venta y de alquileres al margen de la ley.

La normativa en esta materia prohíbe a los dueños de viviendas protegidas venderlas o subalquilarlas. Sólo estaría permitido el primer caso, siempre y cuando se realice al precio que marca la ley. La práctica habitual en este tipo de operaciones lleva al propietario a solicitar en dinero negro la diferencia entre el precio oficial al que debe vender por ley el piso y el valor al que quiere colocarlo en el mercado.

Para evitar que este fenómeno pueda reproducirse, el Ejecutivo regional, a través del Ivima, ha decidido apostar más por este control multiplicando por diez el personal de este Servicio de Vigilancia, hasta superar el centenar de efectivos que combatan el fraude. "Nuestro objetivo es luchar contra las operaciones ilegales en nuestro parque público inmobiliario y, a la larga, acabar con él", resume el director gerente de la institución, José Antonio Martínez Páramo. Desgraciadamente no se trata de un fenómeno nuevo. Pero últimamente, con la crisis acechando los bolsillos de los madrileños, la Comunidad ha visto cómo se ha incrementado la picaresca.

El reto es ambicioso, ya que hay que tener en cuenta que el Ivima gestiona un patrimonio de más de 23.000 pisos públicos en régimen de arrendamiento distribuidos por toda la región, así como plazas de garaje (22.000) y locales comerciales (2.000). De hecho, este instituto es el mayor promotor de vivienda pública en España, con 15.000 pisos protegidos en diferentes fases de proyecto y obra. El Servicio de Inspección de Vivienda surgió cuando el Ivima comprobó que sus actuaciones de remodelación, realojamientos y cesiones en distintos barrios de la región se veían retrasadas incluso a lo largo de años como consecuencia de algunas ocupaciones ilegales.

Numerosos desalojos, además, requerían inspecciones previas, notificaciones o ejecuciones de esos mismos desalojos a instancias de los juzgados. A estos procedimientos también se le añadió la recuperación directa de viviendas de la Administración regional que se hallaran física y jurídicamente libres, así como las inspecciones para estudiar situaciones irregulares y levantar acta.

Con el aumento de la venta de los pisos protegidos del Ivima (10.000 pisos este año), algunos efectivos de la plantilla que se destinan a labores de mantenimiento y fianzas, serán reconducidos a potenciar este servicio. El año pasado, el Instituto de Vivienda llegó a realizar 15.066 visitas a sus inmuebles. Alguno de los pisos tuvo que pasar hasta tres inspecciones de control.