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Las cuatro radiales de peaje, que empezaron a funcionar hace cuatro años para duplicar las entradas a Madrid, no han conseguido atraer a todos los coches previstos pero, además, están dando más quebraderos de cabeza a las empresas concesionarias que las construyeron.

Las últimas sentencias del Tribunal Supremo, elevando más de un 25 por ciento el coste de las expropiaciones que se hicieron en su día, han despertado la alarma entre las constructoras que ahora se piensan muy mucho si se atreverán a presentarse a los futuros concursos de obra.

Para empezar sólo dos empresas, Global Vía y Ploder, se han atrevido a optar por la R-1, que deberá duplicar la nacional de Burgos. Más cuando el Ministerio de Fomento ya recoge en el pliego de condiciones que el posible sobrecargo correrá a cargo de las concesionarias.

Dentro de poco será la Comunidad la que convocará los concursos para cerrar la M-50 por el norte bajo el Monte de El Pardo y construir la R-6 que tratará de descongestionar la nacional de La Coruña. Ambas necesitarán realizar expropiaciones de terreno y ambas se construirán por el sistema de concesión.

Algo parecido puede pasar con el terreno necesario para realizar las ampliaciones del Metro o construir nuevas vías para el Metro Ligero.

Pese a ello, en la Consejería de Infraestructuras no creen que puedan tener problemas ni en sus proyectos de carreteras ni de Metro convencional, ni de Metro Ligero.

"La sentencia de la R-3 -dijeron- ha sido negativa porque no sacaron a información pública un listado de los expropiados. Nosotros sí lo hacemos y se deja un tiempo, denominado periodo de audiencia, para que los afectados puedan presentar sus alegaciones. Otras veces, en lugar de expropiaciones se accede al terreno mediante la firma de un convenio".

En realidad, las sentencias del Supremo, que pueden suponer casi 1.000 millones de euros para las concesionarias de todas las radiales y de la M-50, que se construyó sin peaje pero que también necesitó expropiaciones, son el primer paso hacia un "tira y afloja" de las constructoras con el Ministerio de Fomento.

No hay que olvidar que las concesionarias expropian, pero lo hacen en nombre del Estado, o de una Comunidad autónoma, ya que la concesión, pasado el tiempo, revierte a la administración correspondiente. Así, las empresas han decidido defenderse y, aunque ya no caben más recursos ante los Tribunales, tratarán ahora de que el Ministerio de Fomento se haga cargo del pago del sobrecoste que se ha producido en las mencionadas expropiaciones.

"Ante la sentencia del Supremo -dijo Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)- se ha creado gran preocupación en el sector, con un importante impacto económico que está por ver cómo pueden asumirlo". "Dado que -añadió- en todo caso se expropia en nombre del promotor, en este caso el Estado, debería encontrarse alguna fórmula conjunta para evitar un importante quebranto en las empresas".

"En todo caso -concluyó el presidente de la CNC- hay un principio básico y es el de la seguridad jurídica. El riesgo del valor de las expropiaciones no es razonable que se traslade al adjudicatario. Es lo mismo que ha pasado en la licitación de la Radial 1".

Los afectados, por su parte, han esperado casi 10 años para ver el resultado de sus protestas. Fausto Sánchez, abogado de más de 400 afectados por la R-3 y la R-5, considera que debe haber, en total unos 7.000 recursos presentados por las expropiaciones.

"En este caso -dijo- el Supremo nos da la razón y dice que el procedimiento es radicalmente nulo por lo que se debería devolver los terrenos a sus propietarios. Como no puede ser, aumenta los precios en un 25 por ciento como indemnización sustitutoria de la ocupación ilegal".

En definitiva, los concursos de obra se ven, a partir de ahora, con mucho más temor y las empresas ya buscan algún método para que en los pliegos de condiciones se clarifique el posible pago de este sobrecoste que les retrae a la hora de presentarse a los concursos.