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La Fiscalía de Madrid estudia presentar una querella contra el juez de instrucción de Coslada Carlos N.R., cuyo nombre ha aparecido en el curso de las investigaciones de la «operación Bloque». Escuchas telefónicas y seguimientos fotográficos realizados por la Guardia Civil apuntan a que este juez sustituto —no profesional— podría haber cometido varios delitos en el ejercicio de su cargo, tales como prevaricación (al agilizar la excarcelación de miembros de una mafia rumana) y coacciones (al presionar a un testigo para forzarle a cambiar su declaración).

Fuentes consultadas han señalado que la Fiscalía tiene aún pendiente la práctica de una serie de diligencias antes de decidir si procede penalmente contra este juez «interino». También está por aclararse aún, según los mismos medios, si las actuaciones atribuidas a este juez sustituto tienen una vinculación directa con la red del que fuera jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez. En cualquier caso, el asunto está ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), competente para tramitar las causas contra los jueces que ejercen en esta Comunidad.

De formalizarse la querella por la Fiscalía, la primera e inmediata consecuencia sería el cese del juez, quien obviamente no volverá a tener opciones para ser nombrado sustituto cuando venza su actual mandato. Esta decisión corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Respecto al segundo juez que ha aparecido en las investigaciones (Adolfo Carretero), las fuentes citadas descartan que haya motivos para proceder contra él, pues la conversación que mantuvo con el «sheriff» que fue grabada era de índole personal. Cabe la posibilidad de que se dé traslado al CGPJ de estos hechos para que este órgano determine si, en su caso, existen responsabilidades disciplinarias.

La presunta implicación del juez interino de Coslada puede explicar los recelos que existían por parte de la investigación de que este caso se instruyera en los juzgados de Coslada. En un principio fue el juzgado de instrucción número 1 del municipio quien tomó declaración a los trece agentes locales. Pero tras decretar el ingreso en prisión de todos ellos —aunque dos pudieron salir al contar con una fianza—, la juez titular en funciones se inhibió de la causa en favor del juzgado de instrucción número 21 de Madrid.

No es descartable que el caso se ramifique y que pequeñas partes del proceso se instruyan en juzgados de Coslada. Sin embargo, será el juez Eduardo Cruz Torres, apuntan fuentes de la investigación, quien continuará llevando la parte principal del proceso. No será Cruz Torres, de todas formas, quien decidirá la situación del juez Carlos N. R. Será una instancia superior, el TSJ, quien tomará la decisión.

El juez que instruye el «caso Coslada» cuenta con conversaciones que salpicarían a uno de los jueces del municipio. Se viene a confirmar así uno de los principales temores de la investigación. Este hecho, de confirmarse, demostraría lo influyente y profunda que se estaba convirtiendo la red que había tejido Ginés Jiménez en sus 22 años como jefe de la Policía.