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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pedido la «inmediata paralización» de las obras de ampliación de la M-501, conocida como la carretera de Los Pantanos, pero le pide a la organización Ecologistas en Acción casi medio millón de euros como caución.

El auto, del pasado día 22, supone la ejecución de la sentencia del 14 de febrero en la que se dictaminó que se pararan todos las obras de la M-501. Eso sí, aunque no ha aceptado los argumentos esgrimidos por la Comunidad en sus recursos, que califica incluso de «inaceptables», impone un pago de 497.367 euros (casi 83 millones de las antiguas pesetas) a los ecologistas con el fin de reponer la zona y como pago por los gasto de obra.

Por este motivo, Ecologistas en Acción, aunque considera «muy positiva» la resolución del Tribunal, lamenta que el cumplimiento de la legalidad se vincule al depósito de fianzas millonarias. «Resulta paradójico —dijeron— que el cumplimiento de la legalidad resulte tan caro para los denunciantes y sea tan barato para los infractores incurrir en ilegalidad. Por ello, recurriremos el auto y solicitaremos que se retire la caución».

El Tribunal rechaza la alegación de la Comunidad cuando afirma que ha procedido de forma espontánea a dar cumpliendo del fallo de la sentencia. Así asegura que «si tal hubiera ocurrido, la Administración habría comenzado a desmantelar o al menos detener la ejecución de la vía». Considera también el auto que los contactos de la Consejería con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea no sirven para suplir la comunicación previa que se establece en la Directiva Habitat y no prejuzga las decisiones que pueda adoptar la Comisión en cuanto a órgano colegiado.

La sala del Tribunal Superior también se manifiesta sobre perjuicios de difícil reparación y la irreversibilidad de la situación. De este modo, califica de paradójico que la Comunidad argumente la necesidad de continuar la obra para evitar daños ecológicos cuando la ilegalidad reside precisamente en la violación de las normas protectoras al medio ambiente. Tampoco acepta el Tribunal el pedir que no se paren las obras simplemente por el poco tiempo que queda para terminarlas. Eso es, según el auto, como consagrar un hecho consumado agravado por la continuación actual de la ejecución.

La Comunidad, por su parte, ya ha recurrido el auto del TSJM y agotará todos los recursos posibles para evitar la paralización de las obras.

La Consejería de Infraestructuras y Transportes, que dirige Manuel Lamela, Considera que paralizar las obras de desdoblamiento supondría un grave riesgo para la seguridad vial, puesto que la carretera presenta un alto índice de siniestralidad, por lo que cuenta con el apoyo de todos los alcaldes de la zona. Además, recuerda la Consejería que las obras consisten en duplicar una vía ya existente, actualmente en servicio, por lo que la paralización afectaría gravemente a los conductores que la utilizan.

En respuesta al auto la Comunidad recuerda que esta organización solicita la ejecución de una sentencia que no es firme y que actualmente se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta sentencia, en opinión del Gobierno regional, no tiene objeto, ya que hace referencia a un mero defecto formal en el proceso de tramitación que ya se encuentra subsanado.

Respecto a la fianza estipulada la Comunidad considera que no cubriría las indemnizaciones y perjuicios que derivarían de la paralización de las obras que han calculado en 10 millones de euros, mientras que el auto, como hemos dicho, la ha fijado en 500.000.