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Un informe municipal, no exento de polémica, define que "las construcciones que ocupan las Cañadas no son propiamente chabolas o infraviviendas". El documento recuerda que una jurisprudencia consolidada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid especifica que "el desalojo y demolición de chabolas e infraviviendas estaría posibilitado por razones de seguridad o salubridad, por ocupar suelo de titularidad pública, por obstaculizar la ejecución del planeamiento urbanístico o atendiendo a razones sociales derivadas del realojo de los ocupantes". El informe, del Departamento de Disciplina Urbanística, concluye que no concurre ninguno de esos supuestos.

Es decir, que las casas de la Cañada no están sometidas al régimen de realojo propio de asentamientos chabolistas por una sencilla razón: porque no son chabolas. Y el informe va más allá: "Aun existiendo una tipología edificatoria muy diversa, se trata con carácter general de construcciones consolidadas de fábrica de ladrillo, que ocupan una o dos plantas -o más- con distribuciones de piezas habitables, materiales, servicios y acabados más propios de viviendas unifamiliares que de infraviviendas". Más: la Policía Municipal ha constatado que existen "búnkeres de hormigón y puertas acorazadas casi inexpugnables".

Pero los seis folios del informe abordan otros puntos que abren varios debates. Por un lado, recuerda que "cualquier acto de edificación y uso del suelo que se realice en la Cañada precisa de la preceptiva licencia urbanística", competencia que achaca al Ayuntamiento, y no a la Comunidad de Madrid. Por otra parte, el escrito, fechado el 16 de marzo pasado, anuncia que, a esa fecha, se habían dictado "unas 100 órdenes de desalojo y demolición, y otros 50 expedientes incoados en fase de audiencia a los interesados y que, presumiblemente, se resolverán también con orden de desalojo y demolición".

¿Qué hacer con esa situación concreta? Disciplina Urbanística propone ejecutar las resoluciones que se vayan adoptando, previa autorización judicial. Otra pregunta diferente es cómo evitar las nuevas construcciones. Pues, habida cuenta de que no se trata de un asentamiento chabolista, el informe asegura que la conclusión es que "bien la Comunidad de Madrid proceda a la demolición inmediata de cualquier nueva construcción o bien que al Ayuntamiento no le quede sino aplicar" la Ley del Suelo. O sea, que exija una orden de suspensión cautelar y tramite el correspondiente expediente "para la demolición de lo abusivamente construido".

Para ello son necesarias las denuncias de la Policía Municipal. Por otro lado, se sugiere la creación de un grupo de trabajo con la Comunidad para que dé cobertura legal y administrativa al proceso. Es el Gobierno regional el que tiene la titularidad de las cañadas.

"Sol tiene mucho que decir"

La coordinadora general de Urbanismo del Ayuntamiento, Beatriz Lobón, afirmó que "el informe se ha sacado de contexto". "No hace referencia a cómo acabar con el problema de la Cañada, sino a cómo actuar de manera inmediata, para evitar que sigan proliferando esas construcciones". "El asunto no se puede abordar sólo desde el punto de vista urbanístico -dijo-. Tienen que intervenir la Comunidad y la Delegación del Gobierno, porque la competencia del Ayuntamiento es mínima en este asunto, no va más allá de la Ley del Suelo. La Comunidad tiene mucho que decir". "Nosotros estamos acudiendo sólo a las nuevas construcciones", añadió.

El consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, dirige un grupo de trabajo sobre la Cañada Real que comprende las consejerías de Inmigración, Urbanismo y Medio Ambiente, Vivienda, Asuntos Sociales y Economía.