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La Audiencia Nacional dio hoy la luz verde al inicio del macrojuicio por la masacre del 11-M. La Sala de lo Penal declaró concluida la investigación judicial del mayor atentado terrorista ocurrido en Europa e inició los últimos trámites para poder sentar en febrero en el banquillo a los 29 acusados de participar en "la ideación, preparación y ejecución" de la masacre de los trenes de cercanías.

El tribunal, que se propone evitar cualquier dilación en el proceso, prevé que la Fiscalía, las defensas y las más de veinte acusaciones particulares habrán entregado antes de Navidad los escritos de calificación, en los que proponen los delitos y penas concretos para cada uno de los acusados. Acto seguido, podrá fijar la fecha de inicio al proceso que, durante cuatro o cinco meses, se desarrollará en el pabellón de alta seguridad de la madrileña Casa de Campo.

La sala quiere terminar el juicio entre junio y julio del año próximo, para poder dictar sentencia en julio o septiembre y evitar así la posible excarcelación de alguno de los 21 procesados que permanecen presos por agotamiento de los cuatro años en prisión preventiva, el máximo legal.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal confirmó hoy todos los extremos de la investigación judicial desarrollada por el juez Juan del Olmo con la ayuda de la fiscal Olga Sánchez durante más dos años y medio. El tribunal considera que los 237 tomos (93.000 folios) de la instrucción contienen las pruebas e indicios necesarios para dirigir la acusación contra los 29 procesados, nueve de ellos españoles. Entiende que el instructor, al día de hoy, ha agotado "todas las diligencias pertinentes y posibles" para esclarecer estos hechos.

El tribunal que juzgará la causa, presidido por Javier Gómez Bermúdez, el presidente de la Sala de lo Penal, antes de declarar concluida la investigación rechaza todas las peticiones de devolución del sumario al instructor para la práctica de nuevas pruebas, presentadas por acusaciones y defensas. En unos casos las considera reclamaciones extemporáneas, innecesarias e incluso impertinentes, y en otros entiende que si las diligencias solicitadas se estiman necesarias pueden practicarse durante la vista oral del proceso.

Sin cabos sueltos

La sala también rechazó la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que pretendía que Del Olmo continuase la investigación para esclarecer la conocida como "teoría de la conspiración" del 11-M, que defiende que la matanza fue una obra conjunta de islamista y etarras, por entender es la única forma de saber quienes son "los verdaderos autores materiales de los atentados".

Los magistrados contestan que el juez ya ha completado todas las investigaciones posibles al día de hoy y que si se producen "revelaciones sustanciales e inesperadas", desconocidas ahora, serán investigadas mediante los mecanismos que prevé la ley y que son compatibles con el inicio del juicio.

La instrucción judicial ratificada hoy dice que todos los indicios señalan que la voladura de los cuatro trenes de cercanías, que causó 191 muertes y heridas a más de 1.800 personas, fue cometida por una célula salafista local vinculada al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), que es la principal franquicia de Al Qaeda en Europa.

El contenido de los casi 100.000 folios de la investigación descarta la participación de ETA en la masacre, corrobora que el explosivo utilizado fue Goma-2 del tipo ECO, robado en la asturiana Mina Conchita, y confirma que la célula islamista y los atentados se financiaron de manera fundamental gracias al tráfico de drogas.

Dos autores y tres inductores

Del Olmo sólo acusó a dos de los 29 procesados como autores materiales de la colocación de las bombas en los trenes: a Jamal Zougam y a Abdelmajid Bouchar. La razón es que el resto del núcleo central del comando estaba formado por los siete terroristas que se suicidaron en Leganés, por alguno de los cuatro islamistas huidos y por otros delincuentes aún sin identificar.

A Zougam y Bouchar les imputa 191 asesinatos, más de 1.800 asesinatos frustrados y pertenencia a banda armada, además de cuatro delitos de estragos terroristas, uno por la voladura de cada tren. Las mismas acusaciones, pero en grado de conspiración, y un delito de pertenencia a banda armada las dirige contra los líderes "yihadistas" que presuntamente promovieron los atentados: los jefes europeos del GICM Hassan el Haski y Youssef Belhadj, y el líder fundamentalista Rabei Osman el Sayed, "Mohamed el Egipcio", que llegará el lunes a una cárcel española entregado por Italia, donde ya ha sido juzgado por otros delitos.

El procesado que más acusaciones suma, pese a todo, es el ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras que, a los delitos anteriores, añade los correspondientes al suicidio del comando en Leganés, en cuya inmolación murió un policía nacional y dieciocho más salvaron la vida de milagro. El juez entiende que Suárez Trashorras, que es la persona que vendió a los terroristas la dinamita para cometer ambos atentados, es autor como cooperador necesario de todas las imputaciones. La fiscal podría pedir para él más de 35.000 años de cárcel.

Otros siete de los procesados están acusados de pertenencia a banda armada y el resto de colaboración con organización terrorista y de otra serie de delitos menores como tráfico de drogas o transporte de explosivos. Se trata de los islamistas que formaron parte de la infraestructura y de la red de adoctrinamiento y apoyo a la célula terrorista, y de los asturianos que, con Suárez Trashorras a la cabeza, formaron parte de la red de tráfico de dinamita y estupefacientes.