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La desaceleración inmobiliaria ha llevado a muchas constructoras a buscarse las habichuelas en otro plato, el del sector público, que se ha convertido en un refugio desde el que capear el temporal. Sin embargo, el alivio de los grandes promotores puede poner en aprietos a los contratistas murcianos de obra pública, que están viendo cómo las grandes empresas les comen el terreno en plena crisis. La pugna por la parcela de la obra pública comenzó hace unos meses, cuando las grandes constructoras empezaron a encontrarse con menos volumen de trabajo en promociones privadas y pusieron sus ojos en las licitaciones de la Administración. "El problema se da porque las empresas nacionales potentes pueden permitirse pujar a la baja en las subastas, y llegan a precios con los que los contratistas regionales no podemos competir. Hacen bajas tremendas, y provocan una competencia desequilibrada a la que no podemos hacer frente y que puede notarse también en la calidad del producto final", asegura Luis Ramón Fernández Mula, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia, quien inauguró ayer, junto a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Pedro Reverte, una jornada técnica sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

A la preocupación por la dura competencia que se ha introducido en el sector, las empresas contratistas que trabajan con la Administración regional, aproximadamente unas 1.100, suman otro dolor de cabeza: la entrada en vigor dentro de apenas un mes de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que puede "provocar un tapón impresionante" en el ritmo de adjudicaciones, ya que, aseguran los contratistas, se trata de una normativa muy compleja. Para evitarlo, han pedido al Gobierno una moratoria en la entrada en vigor, aunque no albergan demasiadas esperanzas de que sea concedida. Los contratistas de obra pública asistieron ayer al foro de expertos sobre la nueva ley, en el que intervinieron, entre otros, el secretario general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Juan Antonio Morales, y el interventor general de la Comunidad, Eduardo Garro. La jornada fue clausurada por el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (FRECOM).