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El comité de empresa de Latbus ha decidido aplazar a septiembre los paros en el transporte público urbano. Las negociaciones con la empresa no han dado resultados, y los trabajadores siguen reivindicando la jornada de 36 horas semanales -frente a las 40 actuales- y el incremento salarial de 160 euros al mes, mientras que la empresa les ha ofrecido tan sólo el IPC real hasta que pase la época de crisis y puedan seguir negociando.

En la jornada de paro de ayer -se han llevado a cabo los días 26, 27 y 30 de junio y el 3 y 4 de julio-, no se cumplieron los servicios mínimos entre las 6.40 y las 8.05 horas de la mañana. Los piquetes sólo permitieron la salida de 3 ó 4 autobuses, por lo que fue precisa la presencia de las fuerzas antidisturbios para que salieran el resto de los autobuses.

Miguel Cano, del comité de empresa, indicó ayer a La Verdad que "a finales de agosto empezaremos a reunirnos para solicitar la autorización para las manifestaciones y en cuanto a la huelga intentaremos hacerlo de otra manera para no perjudicar a los usuarios". De hecho, los conductores habían previsto una huelga a la japonesa, trabajando gratis y no cobrando el importe del billete. No obstante, la empresa es la propietaria de los coches y no saben si podrán llevar a cabo este tipo de actuación.

De momento, Miguel Cano denuncia lo que considera la primera represalia y es que los trabajadores no van a poder cobrar la nómina el día 5, como habitualmente. "Han colocado unos carteles en las cocheras de la empresa anunciando que, por falta de liquidez, no podrán pagarnos hasta el 9 o 10 de julio".

El gerente de Latbus, José Luis Sánchez, admitió que "hemos notado el efecto de la huelga y las pérdidas se pueden valorar en 200.000 o 300.000 euros. Ya lo habíamos advertido a los trabajadores -más de medio millar- que podría producirse un retraso en el pago porque las recaudaciones de los últimos días han sido muy malas. Nos dijeron que pusiéramos una nota, y así lo hemos hecho".

Sánchez incide en que la empresa "ha hecho un esfuerzo para garantizar el poder adquisitivo, el IPC real, pero en estos tiempos de crisis, que afecta a todo el sector con la subida del gasoil, no podemos aceptar un incremento salarial del 16% y del 10% de reducción de la jornada".