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La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia aprecia que existen indicios de prevaricación y falsedad en la actuación de dos técnicos de la Comunidad Autónoma que participaron en la elaboración de un decreto sobre los usos de los terrenos para la televisión pública autonómica (La 7). La Fiscalía abrió diligencias en agosto del año pasado para averiguar si se produjo irregularidades en el proceso de adjudicación de la televisión pública. La denuncia que se presentó en su día indicaba que pudo existir trato de favor hacia el grupo que obtuvo la concesión, al creer que pudo estar decidida de antemano.

Los dos técnicos han sido imputados por la Fiscalía, que prosigue las diligencias informativas. El Ministerio Fiscal decidirá en breve si presenta denuncia en un juzgado o archiva la causa. La investigación trata de comprobar si se produjo alguna modificación en el decreto de uso de los terrenos. Desde que se abrieron las diligencias, han prestado declaración, en calidad de testigos, el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga, que asesoró al Gobierno regional para poner en marcha la televisión pública; y el empresario Pedro García Meroño, accionista mayoritario de Polaris World, sociedad que tiene participación en el Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM), que fue el que ganó los lotes de producción audiovisual y de asistencia técnica de informativos de La 7.

El Gobierno regional y el ente Radio Televisión Pública de la Región de Murcia tuvieron que enviar el año pasado toda la documentación referida al proceso de concesión a la Fiscalía, que además investiga otra parte de la denuncia relativa a los terrenos de la televisión pública. El Ejecutivo autonómico ha sostenido siempre que la concesión se realizó conforme a la legalidad. La 7 inició sus emisiones en abril del año 2005. GMT recibió un primer pago del Gobierno regional de 36 millones de euros, y un segundo de 37 millones. La concesión es para siete años.