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El registro realizado en la vivienda del diputado y ex alcalde de Totana Juan Morales, ordenado por la juez María Asunción Navarro, que instruye el denominado caso Tótem contra la corrupción urbanística, ha hecho surgir en algunos ámbitos la hipótesis de que toda la investigación pueda ser anulada en un futuro si se demuestra que se han vulnerado derechos fundamentales del parlamentario, en concreto por su condición de aforado. Una teoría que no se circunscribe al PP, sino que además fue defendida el martes por la noche por el letrado Francisco Valdés Albistur, en el programa El Debate de Canal 6, que dirige Joaquín García Cruz.

Éste, en un momento del programa, se mostró convencido de que "estas actuaciones dejan abierta la puerta a la nulidad del proceso". En el mismo sentido, señaló que "como se hayan hecho diligencias que no estén contempladas (en la ley) se puede ir al traste toda la investigación".

Expertos juristas -tres profesores de Derecho Procesal y letrados penalistas- consultados por La Verdad coinciden en señalar, sin embargo, que el mero hecho de que el registro al domicilio de Morales pudiese ser declarado no conforme a ley no implicaría la anulación de toda la investigación.

Para ello se remiten a la denominada teoría de los frutos del árbol envenenado. En virtud de la misma, todos los datos procedentes de una prueba ilícita serían, del mismo modo, declarados inválidos. Pero no así toda la investigación anterior procedente de otro tipo de pruebas.

De esta forma, el proceso contra el resto de los imputados en el caso Tótem, e incluso contra el diputado Juan Morales, en el caso de que tal imputación en su contra llegue a producirse, continuaría sin mayores problemas, incluso en la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia-la competente para actuar contra diputados regionales- si se basa en elementos probatorios ajenos a ese registro.

Valdés también indicó que el caso no llegará al TSJ hasta que la juez no halle datos inculpatorios directos contra el aforado Juan Morales.