Noticias Ya.com

Son la punta del iceberg, la imagen más dura de los efectos de la crisis en las economías domésticas, y el pozo en el que nadie quiere caer. El número de familias que han declarado sus hogares en suspensión de pagos y han logrado o están en trámite de lograr que un juzgado admita su quiebra concursal se ha duplicado en lo que llevamos de año, y según las previsiones de los expertos, la subida no ha hecho más que empezar. La Ley Concursal, que permite a las personas físicas acogerse a un procedimiento similar a la figuras de la suspensión de pagos o la quiebra que existen para las empresas que no pueden hacer frente a los pagos de salarios, de las facturas de los acreedores o los compromisos bancarios, se aprobó en septiembre de 2004. Durante los dos primeros años desde su entrada en vigor fueron trece las familias que se declararon en quiebra.

El pasado año, cuando la recesión empezó a asomar la cabeza, se cerró con un balance de 14 familias en suspensión de pagos. El semestre que acaba de terminar, durante el que no han parado de conocerse pésimos indicadores macroeconómicos, se ha cerrado con 14 quiebras familiares, la misma cifra que en todo el año pasado.

Nada indica que durante el segundo semestre las economías domésticas de los murcianos vayan a tener un respiro. Al contrario, los expertos tienen claro que las quiebras concursales seguirán su ascenso y el 2008 se cerrará con el doble de suspensiones de pagos que en 2007.

"Y eso en el mejor de los casos; las economías de las familias murcianas están muy quemadas, y las situaciones más complicadas van a dar la cara en septiembre y octubre, no hay ningún síntoma de mejoría; será un otoño negro", vaticina Antonio García, responsable del Servicio de Asesoramiento de Economía Familiar que ha puesto en marcha la Unión de Consumidores de Murcia y la Asociación Profesional de Asesores de Intermediación y Financiación (AIF).

Las familias que recurren a un proceso de quiebra concursal suelen encontrarse en una situación económica desesperada. En la mayoría de los casos, registrados este año en la Región, los créditos rápidos sumados a una hipoteca alta han sido el desencadenante de la suspensión de pagos.

Una vez que las familias o particulares solicitan la quiebra concursal en el juzgado, el proceso continúa con la presentación por parte de los acreedores de los justificantes de las deudas que esa persona tiene con ellos y, el juzgado asigna un administrador concursal, quien será el encargado -si es aceptada la solicitud de concurso- de realizar un informe sobre la situación patrimonial y económica del deudor.

Después, abogados y acreedores tratarán de alcanzar un acuerdo para saldar la deuda. De alcanzarse, en éste se establecerá el plazo para hacer frente a los pagos así como si se le perdona alguna parte de la deuda a la persona. De no alcanzarse un acuerdo se procedería a la liquidación del patrimonio del morosos. A pesar de que para algunos es la única salida, la UCE recomienda evitar por todos los medios llegar a la quiebra concursal, y tratar antes de salvar el bache con la ayuda de un asesor.