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El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, ha declarado voluntariamente ante el fiscal anticorrupción de Madrid que investiga el caso de la Balsa Yenny de El Llano del Beal, en Cartagena, con el fin de aclarar el proceso por el cual el Gobierno regional y el Ministerio de Medio Ambiente asumieron la limpieza de la montaña de estériles mineros que amenazaba a los habitantes de esta población, en lugar de hacerlo la empresa Portmán Golf -o en su caso la antigua Peñarroya- que había causado la contaminación de la zona.

Para proceder a esa limpieza, la Balsa Yenny fue cedida gratuitamente a la Comunidad Autónoma. Posteriormente los estériles extraídos fueron depositados en otra corta minera de la empresa Portmán Golf, que además cobró por ello una cantidad de la empresas pública Tragsa que fue la encargada de la limpieza.

La Fiscalía Anticorrupción trata de averiguar si existió prevaricación y malversación de fondos europeos en la regeneración que se hizo con cargo al erario público por valor de 5,4 millones de euros. Apunta el fiscal que la empresa no asumió el coste de la contaminación y que después se benefició de los trabajos de limpieza que costearon ambas administraciones. Las diligencias fueron abiertas en el verano del 2006. En marzo pasado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al Gobierno regional todo el expediente.

Antonio Cerdá ha declarado de forma voluntaria, dado que en el año 2001 tenía asumidas las competencias de Medio Ambiente. Al igual que el Gobierno regional, Cerdá estima que hubo que actuar con urgencia en la Balsa Yenny porque se trataba de un problema real que representaba un peligro cierto para los vecinos del El Llano. De hecho, había un informe técnico que anuncia el peligro de inundación y deslizamientos de la montaña de estériles. En caso de hundimiento o de fuertes lluvias, podía causar una tragedia.

Además de Cerdá, también ha prestado declaración Juan Bernal, que fue consejero de Economía en el año 2001. Asimismo lo ha hecho el interventor general de la Comunidad Autónoma, según ha podido saber La Verdad. El fiscal anticorrupción de Madrid agradeció la predisposición del consejero Antonio Cerdá a informar voluntariamente.

El Gobierno regional ha defendido que no existió trato de favor a Portmán Golf, ya que pensaba exigir a la empresa que pagara por los trabajos de limpieza de la balsa. Esta intención aparece recogida en una comunicación interna de la Consejería de Medio Ambiente del pasado mes de enero. No se cuantifica qué parte debía poner la empresa. El Ejecutivo autonómico apuntó igualmente que todos los pasos se dieron de forma conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, que estaba al corriente del proceso de cesión de la balsa y de las condiciones en las que se adjudicaron los trabajos de limpieza a la empresa pública Tragsa.