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Rápida y contundente. Así ha llegado la respuesta de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) sobre la petición de amparo presentada el pasado día 29 de noviembre por el diputado regional del PP y ex alcalde de Totana, Juan Morales.

La sala ha rechazado y archivado el escrito de queja presentado por Morales, en el que denunciaba una supuesta vulneración de sus derechos como miembro de la Asamblea Regional. Según informaron fuentes del TSJ, los miembros de la Sala han acordado «no haber lugar a declarar su competencia para resolver sobre la petición formulada por Juan Morales Cánovas», así como "archivar sin más trámite las presentes diligencias indeterminadas".

Tras esta decisión, la Sala también ha determinado remitir estas actuaciones a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Totana «para que, en su caso, lo remita al órgano judicial que esté tramitando la investigación a la que se refiere la petición formulada». En este caso se trata del juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1, cuya titular, María Asunción Navarro Artero, fue la que firmó las órdenes de registro y detención que desencadenaron hace ya doce días la Operación Tótem contra la corrupción urbanística.

Juan Morales, que fue alcalde de la localidad durante dos legislaturas (las comprendidas entre 1995 y 1999; y la del 2003 al 2007) está siendo investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que le han retirado el pasaporte y requisado un ordenador portátil, en el marco de la operación que investiga la presunta trama de corrupción urbanística es esa localidad.

Suspensión de militancia

La forma en que se ha producido esta investigación llevó a Morales, el pasado 29 de noviembre, a solicitar «amparo» ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El diputado Juan Morales vio aceptada el pasado lunes su propuesta de suspensión cautelar y temporal de militancia por el Comité Ejecutivo del PP de la Región de Murcia, junto con la del actual alcalde, José Martínez Andreo, por el momento el único de los doce imputados por el caso que permanece en prisión.

El resto de los presuntos implicados en la trama logró eludir su ingreso en prisión, algunos teniendo que abonar una fianza de 150.000 euros -caso del empresario gallego Manuel Núñez Árias-, otros con medidas cautelares más asequibles, como fianzas de 30.000 euros. A todos se les ha retirado el pasaporte.