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Unos 30 jóvenes doctores que actualmente trabajan en el extranjero con becas posdoctorales de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región tendrán la posibilidad de regresar a la Murcia para incorporarse con un contrato de trabajo a los equipos investigadores de universidades y centros de investigación de la Región de Murcia, acogiéndose al novedoso programa Saavedra Fajardo. En concreto, los investigadores, que no serán necesariamente murcianos, podrán dedicarse durante un año a investigar cualquiera de las áreas de investigación que desarrollan la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida), y el Centro de edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas), que serán los cuatro centros de acogida.

Por otra parte, el consejero de Educación, Ciencia e Investigación, Juan Ramón Medina Precioso, apunta que no penalizará a los 541 padres de la Región que hasta ahora han declarado su intención de objetar a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Además, apuntó que planteará contenidos alternativos, consensuados con otras comunidades autónomas del PP, "que versen sobre la Constitución Española u otros" para así lograr "que sean compatibles con la pluralidad de creencias que hay en la Región de Murcia y que los alumnos se sientan respetados y tranquilos".

Medina afirma que esto será así "hasta que el Tribunal Supremo no aclare a los gobernantes si cabe o no la objeción", y resaltó que esperará "a que haya una sentencia judicial firme" para la denegación de los recursos de la asignatura, según informó ayer el propio Medina Precioso.

Y es que, según afirma, "por ahora las decisiones son contradictorias", en referencia "a las sentencias favorables de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y Cataluña, mientras que la del Tribunal de Andalucía, que es contraria, está recurrida por la abogacía del Estado". Además, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que permite la objeción de conciencia para cursar la asignatura, sirvió de base para que la Comunidad de Madrid tomara también la decisión de no obligar a los estudiantes a cursar esta asignatura.