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Después de varios años de sobresaltos, críticas y polémicas por la forma de convocar y llevar a cabo las oposiciones para contratar funcionarios, el Gobierno municipal ha decidido cambiar las bases que rigen estas convocatorias. Y aunque los responsables municipales aseguran que se trata de mejorar la "transparencia" de su actuación, no ocultan que quieren evitar nuevas polémicas por la mala organización o las presuntas prácticas de favoritismo hacia compañeros o familiares por parte de sindicalistas y concejales.

Las nuevas bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Región el 7 de enero, recogen como principales novedades que un edil no podrá ser presidente del tribunal, sino que lo será siempre el jefe de Área, Servicio o Sección correspondiente; que la Junta de Personal no podrá designar como vocal a uno de sus miembros (tendrá que nombrar a un trabajador del servicio correspondiente); y que los grupos políticos no tendrán un representante que supervise el proceso (hasta ahora, participaban con voz y sin voto).

La directora general de Personal (que depende de Cabezos), Esperanza Nieto, asegura que el Ayuntamiento se ha ceñido al nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, recogido en la la Ley 7/2007, de 12 de abril, y que los cambios harán que los tribunales sean "más independientes".

"Queremos que los procesos de selección sean lo más objetivos e imparciales posible, y es lógico que los tribunales estén compuestos por profesionales", argumenta Nieto. Ésta afirmó contar con informes jurídicos internos que avalan la legalidad de retirar de los tribunales a los cargos políticos electos y a los cargos electos en representación de los funcionarios.

La Junta de Personal actúa en funciones, pero tras su constitución a finales de este mes tendrá esta composición: UGT, ocho delegados; Comisiones Obreras, cinco; SIME, cuatro y USO, SFALC y CSIF, dos cada uno.

La responsable de Personal admitió que han influido las críticas de los opositores, tanto en "los casos más sonados" como en "otros que no han trascendido". Ha habido críticas por mala gestión y presunto trato de favor a determinados opositores.

Un caso es el de las oposiciones de julio del 2005 para cubrir 35 puestos de auxiliar administrativo, aplazadas varios días por un aluvión de quejas. Se presentaron 717 aspirantes, pero tras las dos primeras pruebas sólo quedaron 20. Eso dejó quince vacantes.

El propio tribunal reconoció fallos, como que un examen había dos preguntas con varias respuestas válidas. El examen coincidía con uno convocado en Madrid por el Estado para auxiliares administrativos, y muchas personas se quedaron sin poder hacer las pruebas. El Ayuntamiento se gastó 20.000 euros porque tuvo que alquilar varias veces una máquina de corrección de exámenes, pagar horas extras a 50 funcionarios y alquilar aulas de la Universidad Politécnica.Pero han sido dos recientes y más graves polémicas las que han precedido el cambio: una es la denuncia de una agente de la Policía Local contra el Ayuntamiento por presuntas irregularidades en unas oposiciones internas para cubrir tres plazas de cabo.

Otra es la revelación de que la mujer del actual concejal de Empleo, Javier Herrero, y una amiga de aquélla ganaron dos plazas temporales en la Agencia Local de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) en unas oposiciones convocadas sin temario por el propio Herrero. El presidente y el secretario del tribunal reconocen posibles anomalías "de forma" en esas oposiciones.