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La Región de Murcia fue la comunidad autónoma que registró un mayor incremento de la licitación en términos porcentuales el año pasado con un 60 por ciento más que en el 2006. Asimismo, tuvo una inversión total de 1.384 millones de euros, de los que 345 fueron en edificios de uso civil y administrativo y 1.039 millones en infraestructuras viarias. Así lo pone de manifiesto el presidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región, Luis Ramón Fernández Mula, durante la presentación de su Asamblea General. Pero no todo es de color de rosa. Al contrario.

Según el propio Fernández, "estas cifras no hacen que nos sintamos satisfechos". Entre las principales reivindicaciones que la Cámara de Contratistas pone sobre la mesa está la del cambio en la forma de adjudicación de las obras.Estas empresas pidieron ayer a las administraciones públicas que en el sistema de adjudicación de las obras públicas se prime el del concurso frente a la subasta para "consolidar el tejido empresarial regional, favorecer que se cree más empleo y de calidad, y contribuir con nuestros impuestos al mantenimiento de las obras". Asimismo, Fernández censura que las subasta "perjudican a las empresas regionales" porque aunque éstas pueden competir técnica y humanamente con las nacionales, "no pueden hacerlo en el plano económico", por lo que exigieron que el concurso "sea preferente en las adjudicaciones de obra pública".

Por otra parte, Fernández Mula también hace referencia en tono reivindicativo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, de la que consideró que "si las administraciones no son capaces de ir perfilando los pliegos conforme a las adaptaciones que exige la nueva reglamentación puede dar lugar a retrasos propios de su incumplimiento". Además, señala que también se podrían dar interpretaciones "inadecuadas por las que una empresa pueda verse perjudicada en un proceso de adjudicación e impugne un pliego porque considere que no está adaptado a la Ley". "Esta Ley introduce algunos cambios importantes que nos van a afectar y, probablemente, las administraciones no han tenido tiempo de preparar los nuevos pliegos de condiciones, por lo que nos preocupa que la ejecución de ese presupuesto pueda retrasar las inversiones previstas", apunta Fernández. Por todo ello, han enviado un documento al Ministerio de Fomento en el que se solicita que se aplace la entrada en vigor del texto, "por entender que las administraciones no tienen los pliegos adaptados y que eso puede suponer la paralización del sector de obra pública durante algunos meses", con sus consiguientes consecuencias.

En lo referente a la desaceleración económica, Fernández afirma que la obra pública "es la que debe tomar el relevo y tirar de ese carro de trabajo aunque entendemos que lo pero está por llegar y después del verano o a finales de año llegaremos a un proceso de desaceleración mayor". En este sentido, confirma que los contratistas "estamos preparados para realizar todas las obras que salgan en competencia con empresas de ámbito nacional".