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Para conocer cómo funcionaba la supuesta trama de corrupción desmantelada en Los Alcázares, qué mejor que ofrecer un ejemplo concreto de negocio rápido y muy lucrativo. Y, además, con un solar que era de propiedad municipal y que pasó a manos privadas -y manos de apariencia no demasiado limpia- por adjudicación directa.

El asunto tiene su arranque el 23 de mayo del 2003, cuando el Ayuntamiento aprueba en Pleno extraordinario la cesión directa de dos parcelas de propiedad municipal a la Compañía Inmobiliaria Masdevallia S.L., una supuesta sociedad fantasma de Juan Antonio Roca. Se trataba de un solar de 830 metros cuadrados de uso comercial, y de otro de 1.300 metros cuadrados, de uso residencial, ambos situadas en el Plan Parcial La Dorada.

La adjudicación de ambas se hizo por un total de 742.000 euros (352.0000 y 390.000 euros, respectivamente) y el Consistorio dejó abierta la puerta para que la sociedad adjudicataria entregase la parcela, a su vez, a otra persona física o jurídica. Así se hizo cuando llegó el momento de firmar la escritura, en que Compañía Inmobiliaria Masdevallía -esto es, Roca- cedió el solar residencial de 1.300 metros a la mercantil Dorma Golf S.L..

Se da la circunstancia de que la administradora única de esa firma y presunta testaferro de la trama era Inmaculada Camacho Escudero, cuñada del arquitecto municipal y prima segunda del alcalde Escudero.

La sorpresa surgió seis meses después, cuando Dorma Golf vendió a su vez la parcela a otra firma (Urbaclaras S.L.) y, con ese motivo, se realizó una nueva medición, que desveló que la parcela medía en realidad 1.515 metros cuadrados, esto es, que había crecido 215 metros.

Este hecho llevó al Grupo Municipal Popular a presentar una querella, en las que se apuntaba a que el Ayuntamiento habría adjudicado esa parcela a Dorma Golf, supuestamente a sabiendas de que medía más de los 1.300 m2 por los que cobró. Ello habría supuesto un perjuicio a las arcas municipales estimado en 64.681 euros.

Cuando Dorma Golf S.L. vendió la parcela a Urbaclaras S.L., apenas seis meses después de que el terreno hubiese dejado de ser de propiedad municipal, obtuvo unas plusvalías que rondan los dos millones de euros, según han señalado fuentes próximas a la investigación. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales (BBC) de la UDEV Central, con sede en Madrid, han seguido el rastro de ésta y otras operaciones similares con ayuda de funcionarios de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT) de Murcia.

Así, lo que los miembros de la supuesta trama delictiva hacían era vender parcelas públicas a sociedades presuntamente controladas por su testaferro, que luego revendían a un precio muy superior.